MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha remitido una carta al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga a ex altos cargos de Guatemala por su presunta relación con la represión cometida contra el pueblo maya entre 1978 y 1986, para advertirle de que algunos testigos, demandantes y organizaciones de derechos humanos que participan en el proceso están siendo recientemente amenazados.
En la misiva, fechada el pasado 5 de julio, AI informa al juez español que ya ha solicitado a las autoridades guatemaltecas de que se ordenen investigaciones "exhaustivas e imparciales" sobre las amenazas recibidas y que se garanticen la seguridad de las personas que han sido víctimas de ellas.
La organización humanitaria alude en su misiva a diversos artículos publicados en diarios guatemaltecos, como El Periódico de 27 de junio, en el que el dirigente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVELMIGUA) decía que el procedimiento judicial por genocidio contra ex oficiales del ejército "no es más que una persecución política y legal de grupos unidos a la antigua guerrilla" y que el caso "puede traer acciones trágicas".
Un día antes, AVELMIGUA y la Asociación de Viudas Oficiales del Ejército de Guatemala publicaron una carta abierta en el periódico Al Día sobre la visita del juez español, a la que se referían como "Un intento de organizaciones de fachada de los grupos terroristas que operaron en nuestro país, fuera de la ley, para iniciar la persecución de quienes los derrotaron militarmente".
En otra parte de la carta, según reseña AI, se hablaba del proceso español, iniciado a raíz de una denuncia de la Premio Nobel Rigoberta Menchú, como "justicia paralela", mientras que en la radio s han proferido amenazas contra testigos concretos que debían ser entrevistados por el juez y fiscal españoles.
El pasado viernes Pedraz dictó una orden de detención contra el ex presidente guatemalteco José Efraín Ríos Montt y otros seis altos cargos del país centroamericano para su ingresó en prisión por los delitos de genocidio, torturas, terrorismo y detenciones ilegales por la represión cometida contra el pueblo maya.
Esta orden, acordada a instancias de la Fiscalía, se produce después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 regresase el pasado 1 de julio de Guatemala sin poder interrogar a seis de los procesados, ya que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de Guatemala suspendió las diligencias de Pedraz tras admitir un recurso interpuesto contra la comisión rogatoria por uno de los imputados.
La querella de Rigoberta Menchú fue interpuesta en 1999 por diversos hechos perpetrados en Guatemala entre los citados años considerados como delitos de genocidio, tortura, terrorismo, asesinato y detención ilegal. El Tribunal Supremo declaró competente a España para juzgar el asalto a la Embajada de España y los asesinatos de los sacerdotes españoles Faustino Villanueva, José María Gran y Carlos Pérez Alonso, en enero de 1980.
La investigación en la Audiencia Nacional por la represión en su conjunto se reabrió después de que la sentencia del Tribunal Constitucional del 5 de octubre de 2005 estableciese la competencia de la Justicia española para investigar y juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos fuera de España, independientemente de que hubiese víctimas de nacionalidad española.
