MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juez de Madrid Santiago Torres, que investiga la presunta trama ilegal de licencias descubierta en el Ayuntamiento de Madrid, tomará la próxima semana declaración indagatoria al jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, uno de los seis imputados que cumplen prisión provisional por delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Ceballos, supuesto cerebro de la trama de corrupción, será el primero de los encarcelados que volverá a comparecer ante el juez instructor para aclarar alguno de los puntos de la investigación. Tras él, desfilarán por el Juzgado de Instrucción número 32 el resto de los imputados que permanecen en la cárcel.
Estos son los funcionarios de Medio Ambiente Joaquín Fernández de Castro y Carmen Eulalia Ibáñez y los empresarios Antonio Sanz y Santiago Castillo, apoderado de AC93. También declarará de nuevo Carmelo García, que estuvo implicado en otro caso de extorsiones.
La investigación del magistrado, que permanece bajo secreto sumarial, se ha centrado por ahora en las personas citadas en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil. En los meses previos a que el caso saliera a la luz, varios de los empleados públicos investigados tuvieron sus teléfonos pinchados por orden del juez. Ceballos era una de las personas objeto de las escuchas.
Hasta ahora, el juez ha interrogado a más de una veintena de imputados, aunque quedan otros tantos. La marcha de las pesquisas se vio hace unas semanas obstaculizada por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, que mantuvo paralizada la actividad de la Justicia.
SECRETO DEL SUMARIO
En cuanto a las actuaciones, el juez podría levantar el secreto que pesa sobre las diligencias a mediados de enero, fecha en la que vence el tope de un mes previsto en la ley para mantener esta situación. A finales de noviembre, Torres prorrogó por un mes el secreto sumarial, que limita el conocimiento de los datos recabados al propio juez y al fiscal adscrito al Juzgado, César Estirado.
Además, el Juzgado número 32 está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le designe otros cuatro funcionarios más que fueron solicitados por Torres ante el elevado volumen de trabajo que supone la investigación del caso.
