MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat Valenciana ha decidido no enviar al Congreso de los Diputados la documentación que le había requerido el diputado de ICV, Joan Herrera, relativa a los contratos que el gobierno regional ha suscrito desde 2003 con las empresas que forman parte de la trama de corrupción que se investiga en el conocido como 'caso Gürtel'.
El encargado de comunicar esta negativa ha sido el vicepresidente segundo de la Generalitat, Gerardo Camps, quien ha remitido una misiva al presidente del Congreso, José Bono, en respuesta a la solicitud de información que éste cursó a finales del pasado mes de julio.
En concreto, Herrera quería un listado con la relación de contratos menores adjudicados en los últimos seis años por la Generalitat Valenciana, o por empresas participadas por ésta, a un total de 26 empresas vinculadas a la trama 'Gürtel' --entre ellas, Orange Market, Special Events, Orange Factory y Pasadena Viajes--, en el que se detallase el número de expediente, el objeto de la adjudicación, la cuantía y la forma de pago.
En la carta que ha enviado, a la que ha tenido acceso Europa Press, el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano alega dos motivos distintos para no remitir la información requerida por el diputado de ICV.
SECRETO SUMARIAL
Gerardo Camps argumenta, en primer lugar, que "buena parte" de esa documentación ha sido solicitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid en las diligencias previas abiertas por el 'caso Gürtel', que han sido declaradas secretas. Según explica, esta circunstancia procesal "impide facilitar datos explícitos" sobre estas investigaciones.
Además, el vicepresidente segundo del Gobierno que preside Francisco Camps subraya a Bono que la documentación que pide Herrera ya fue solicitada en las Cortes Valencianas por el grupo parlamentario Compromís --Esquerra Unida, Bloc, Verds e IR-- en una petición que fue "debidamente atendida" por el Gobierno valenciano.
El artículo 7 del Reglamento del Congreso obliga a la institución de la que se solicita información a exponer "las razones fundadas en derecho" en las que se basa para denegar la información requerida, así como a responder a la solicitud de la Cámara Baja en el plazo máximo de un mes. Ante esta negativa del Ejecutivo valenciano Herrera podrá solicitar amparo a Bono si así lo desea.
