MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Congreso tiene previsto tramitar mañana el suplicatorio del diputado del PP Jesús Merino, pedido por el Tribunal Supremo para su investigado del 'caso Gürtel'. Según los planes del presidente José Bono, los miembros del órgano de gobierno de la Cámara calificarán la petición del tribunal 'a ciegas', sin conocer la documentación.
Cuando el escrito del Tribunal Supremo llegó a la Cámara Baja, el presidente del Congreso, José Bono, ordenó al secretario general de la institución, Manuel Alba Navarro, que custodiara toda la documentación en la caja fuerte de la Cámara. No quedó mención alguna a Merino en el registro.
Bono habló con los demás miembros de la Mesa del Congreso y con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, incluyendo el PP, para explicarles su proceder. Todos dieron su conformidad.
NO HAY QUE DEMONIZAR AL DIPUTADO
En una reciente entrevista con Europa Press, Bono justificó esta decisión alegando que no desea que la solicitud de un suplicatorio pueda contribuir a "demonizar" o a "condenar anticipadamente" a ningún diputado.
"Que un suplicatorio se presente no significa una condena para el diputado --precisó--. Se trata de una solicitud para poder continuar un procedimiento judicial penal. La presunción de inocencia de los ciudadanos imputados y no condenados también abarca a los diputados y por ello no se les puede presumir culpables hasta que no haya una sentencia que lo declare".
Al reanudarse la actividad ordinaria de la Cámara, la Mesa del Congreso deberá calificar ese suplicatorio, que recoge los indicios que obran en poder del Supremo para investigar al diputado del PP por el 'caso Gürtel'. Mañana, en la primera reunión del órgano de gobierno de la Cámara tras las vacaciones, el presidente volverá a preguntar si alguien quiere conocer esa documentación.
Varios de los integrantes de la Mesa de distintos partidos ya han adelantado que no reclamarán los papeles y darán vía libre al suplicatorio, que previsiblemente será remitido al día siguiente a la Comisión del Estatuto del Diputado, que preside el socialista Francesc Vallés.
La comisión, que da audiencia al afectado para que se explique personalmente o por escrito, dispondrá de 30 días para concluir su trabajo, que deberá elevarse al Pleno de la Cámara Baja. Se calcula que esa votación, que tiene carácter secreto, podría tener lugar en la primera sesión plenaria de octubre, en la segunda semana.
El presidente del Congreso deberá informar de la decisión al Tribunal Supremo en los siguientes ocho días. Los reglamentos de ambas Cámaras establecen que los suplicatorios se entenderán denegados si éstas no se han pronunciado sobre los mismos en "el plazo de sesenta días naturales, computados durante el periodo de sesiones a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio". Dado que julio y agosto son inhábiles, este plazo comenzará a contar mañana, 1 de septiembre.
ANTECEDENTES
En las dos últimas legislaturas no se ha tramitado ningún suplicatorio en el Congreso de los Diputados, si bien en las anteriores se aprobaron un total de 26 peticiones y se rechazaron otras 13.
Entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.
