Los 'populares' están estudiando si amplían esa denuncia, en la que pedían investigar la posible interceptación ilegal de comunicaciones
MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
El PP recalcó esta tarde al Gobierno socialista que ya llevó a los tribunales las llamadas escuchas ilegales a miembros de su partido, ya que, según explicó, lo incluyó en la denuncia por las filtraciones del 'caso Gürtel' que presentó el pasado 24 de julio en un juzgado de Plaza de Castilla, informaron fuentes 'populares'.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, emplazó hoy desde Asunción (Paraguay) a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a denunciar en los tribunales sus acusaciones de supuesto espionaje a dirigentes del PP y, en caso contrario, exigió que se retracte de tales insinuaciones.
El primer partido de la oposición recordó a De la Vega que en su denuncia por las supuestas filtraciones del 'caso Gürtel' ya pedía que se investigara un posible delito de interceptación ilegal de las comunicaciones con revelación, que está regulado en el artículo 536 del Código Penal.
PINCHAZOS TELEFÓNICOS SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL
En esa denuncia, que el PP está estudiando si amplía o no, subrayaba que un ámbito de protección legal del máximo nivel es el que alcanza al secreto de las comunicaciones telefónicas, amparado como derecho fundamental en el artículo 18.3 de la Constitución. De hecho, incidía en que sólo puede interferirse mediante resolución judicial.
"El corolario de esta protección lleva a tipificar penalmente en nuestro derecho como delito, las interceptaciones --los pinchazos o escuchas-- telefónicas ilegales, es decir sin autorización judicial, así como su difusión o revelación, y se agrava el tipo cuando la conducta se ha realizado por autoridad o funcionario público", decía el texto.
En esa denuncia, el PP argumentaba que podría haberse cometido también un delito continuado de revelación de secretos, violación de secretos y revelación de actuaciones secretas, que, a su juicio, perseguían una "intención evidente y constante de dañar la imagen y perjudicar procesalmente a personalidades y dirigentes del PP y al propio Partido Popular".
Además, el PP reclamaba en dicha denuncia que declaren el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, así como el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, y su subordinado, el comisario que dirige la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera.
El texto de la denuncia se acompañó de ocho recortes de informaciones relativas a esas filtraciones que aparecieron en el diario 'El País' y la Cadena Ser entre marzo y julio, que, según el PP, "atestiguan la procedencia policial de las escuchas e informes", dijo el responsable de Justicia, Federico Trillo.
