Apuesta por una reforma constitucional "por partes" y ensayando los cambios antes de incorporarlos al texto
MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ponente de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, considera que la moción de censura que ha llevado a La Moncloa a Pedro Sánchez, la primera que triunfa desde 1978, ha demostrado la "función pacificadora" de la Carta Magna, puesto que ha traído consigo un cambio de gobierno que se ha producido con total normalidad.
El 'padre' de la Carta Magna ha hecho esta reflexión en el marco de la conferencia 'La Constitución 40 años después', que ha pronunciado en el marco del curso de verano organización por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) en la Universidad Rey Juan Carlos.
Herrero ha reconocido que la Constitución tiene "defectos", pero ha defendido su utilidad, porque ha traído 40 años de "convivencia pacífica", y ha puesto como ejemplo de su "función pacificadora" el último cambio de Gobierno, el primero que se ha producido por el triunfo de una moción de censura.
RELEVO CONSTRUCTIVO Y LEGAL
En este sentido, ha destacado que hasta ahora, cuando se producía un relevo en el Ejecutivo, se hablaba de "crisis", mientras que en esta ocasión nadie ha denominado así a la sustitución del 'popular' Mariano Rajoy por el socialista Pedro Sánchez.
"El cambio de Gobierno se ha producido de una manera absolutamente pacífica, constructiva y legal, sin que se haya quebrado nada en la convivencia nacional", ha indicado.
También ha puesto de relieve el carácter garantista de la Carta Magna, especialmente en el plano del pluralismo político, y la convivencia en su seno de la "flexibilidad" y la "rigidez", aunque pueda parecer contradictorio.
Según ha explicado, la Constitución española es "elástica" porque ha servido de cauce a alternativas políticas distintas y para mantener posiciones antagónicas como permitir o no el aborto o amparar o no el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa flexibilidad, ha añadido, favorece su durabilidad.
Pero también tiene sus rigidices porque la fórmula para reformarla es "dura", aunque "no pétrea", ya que las condiciones que fija son "superables", siempre, eso sí, si se alcanzan las mayorías cualificadas y el refrendo popular.
Herrero se ha mostrado partidario de reformar la Ley de Leyes pero sólo en lo que "tiene de defectuoso", pero no porque sea "vieja" y no haya sido votado por los más jóvenes. Si se reforma, ha dicho, debe hacerse "mediante un amplio consenso" político y también social como ocurrió en 1978.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Los puntos "defectuosos" que él percibe dependen, no tanto del texto constitucional como de su desarrollo legislativo. Así, ha citado la corrupción, y ha apostado por reformar la Ley de Financiación de Partidos más que la Constitución para atajarla, y lo mismo con la financiación autonómica.
Bajo esta premisa, se ha mostrado partidario de una reforma por etapas y con ensayos. Por ejemplo, en el tema de la financiación autonómica, que "todo el mundo considera defectuosa", propone reformar primero la Ley Orgánica de Financiación de la Comunidades Autónomas (LOFCA) y después, si se demuestra que esa reforma funciona y se consolida, incorporarla a la Constitución.
Y lo mismo debería hacerse, según este 'padre' de la Ley de Leyes, con el sistema electoral o la ley que regular la financiación de los entes locales.
En resumen, Herrero y Rodríguez de Miñón ha pedido "no dramatizar la reforma" constitucional, es decir, no tocar aspectos cuya modificación necesita referéndum.
Así, ha dicho preferir acometer una "mutación" más que una reforma constitucional algo que, ha remarcado, ya se ha hecho al modificar al sentido del texto sin tocarlo, por ejemplo aceptando el derecho al aborto o los matrimonios entre personas del mismo sexo.
TERRITORIO DESERTIFICADO
Por último, en un momento en el que el territorio es clave en el debate político, ha llamado la atención sobre el hecho de que hay zonas de España que se enfrentan a un grave problema de despoblación y desertificación.
Y también ha querido poner el acento en lo que ha denominado "administraciones independientes", ajenas al poder político y formadas por técnicos a los que se les encomienda la gestión de asuntos tan importantes como la energía nuclear o la moneda.
