MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha respaldado este viernes a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ante los ataques del Grupo Popular en el Senado, que en el marco de la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos acusó al presidente de ADADE, Javier Ledesma, de hacer "el trabajo sucio" al PSOE.
"En el ámbito de sus obligaciones de velar por el ejercicio profesional, ha de demandar respeto y consideración por parte de todo tipo de entidades y estamentos, o sus portavoces, a quiénes legítimamente ejerzan la dirección letrada de la acusación popular, parte procesal de hondas raíces en nuestro sistema", ha señalado en un comunicado el ICAM, en respuesta a las afirmaciones vertidas por el titular del PP en la comisión, Luis Aznar
Igualmente, la Junta de Gobierno reitera su compromiso en defensa del ejercicio profesional dentro de la Administración de Justicia, así como de la figura del abogado como operador fundamental para la pervivencia del Estado de Derecho.
Entre acusaciones de ser abogados de parte y de hacer un mal uso de la figura de la acusación popular, el senador del PP acusó a ADADE de estar al servicio del PSOE y a Ferraz de pagar los costes de ejercer la acción popular. "Van juntos a todas partes: el pagano es el PSOE. Lo que tendremos que investigar es si tienen partida para depositar fianzas", señaló el 'popular'.
DEFENSA DE LA ACCIÓN POPULAR
Según señala el órgano colegiado, su diputado secretario José Ignacio Monedero estuvo presente en la comparecencia Javier Ledesma en el Senado. Y realiza una defensa de la acción popular como figura consagrada en el artículo 125 de nuestra Carta Magna que responde a la intención de democratizar la justicia penal.
La acción popular faculta a cualquier ciudadano para instar la actuación de la administración de justicia en defensa de intereses colectivos o difusos, y señala el ejemplo de aquellos que cuando se atacan afectan a la generalidad de la sociedad, como pueden ser los casos de prevaricación y corrupción.
Además, esta figura aparece expresamente reconocida a corporaciones, asociaciones y grupos de afectados en el artículo la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Privar de esta acción a cualquier colectivo o ciudadano, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la norma, implica un ataque al derecho de tutela judicial efectiva.
