Imaz niega que "el más mínimo avance en el autogobierno" de Euskadi esté vinculado a la presión de la violencia

Actualizado: sábado, 21 julio 2007 19:25

Cree que hay que deslegitimar el discurso de los violentos y rechaza que la paz deba tener un precio político

BILBAO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Josu Jon Imaz, no ve vinculación entre "el más mínimo avance en el autogobierno" del País Vasco y la presión de la violencia. Asimismo, aboga por deslegitimar el discurso que pretende justificar la violencia y rechaza que la paz deba tener un precio político.

En un artículo publicado en la revista de Gesto por la Paz 'Bake Hitzak', Imaz se pregunta si la paz tiene precio político y asegura que esta cuestión "ha servido casi exclusivamente para continuar en el reproche mutuo entre partidos".

Apuesta por separar, "conceptual y metodológicamente", la solución a contenciosos políticos, de la existencia del terrorismo, y añade que "la violencia de ETA no es consecuencia natural de ningún conflicto político".

En este sentido, cree que la exigencia fundamental a la banda es el cese definitivo de la violencia y "la renuncia a tutelar el futuro político de Euskadi", y aclara que es a los partidos políticos y a las instituciones a quien corresponde hacer política.

Para ello, asegura que se deben acordar unas bases mínimas de actuación, que pasan por el rechazo al terrorismo y la articulación de los mecanismos del Estado de Derecho, el reconocimiento de las víctimas, la deslegitimación del discurso que pretende justificar la violencia, el uso de los instrumentos del Estado de Derecho sin políticas de excepción y con respeto escrupuloso a los derechos humanos, y condicionar un final dialogado a "la voluntad inequívoca por parte de ETA de poner fin de forma definitiva a la violencia".

TIEMPO DIFÍCIL

Para Imaz, la ruptura del proceso de paz y el último comunicado de ETA hacen presagiar "un tiempo difícil", a la vez que acusa a la banda de romper el proceso "por mantener una exigencia de negociación política".

"A lo largo de este proceso, personalmente asistí a conversaciones en las que se pretendía exigir a un partido que se comprometiese a defender unas determinadas posiciones contrarias a sus convicciones bajo la amenaza, en caso contrario, de ruptura del alto el fuego. Esta actitud entra de lleno en el terreno de un precio político contrario a parámetros democráticos", censura.

Tras insistir en la necesidad de deslegitimar el discurso de los violentos, explica que esto no significa que los partidos deban renunciar a desarrollar sus propias políticas o al contraste de ideas, ni tampoco que se utilice la cooperación contra ETA para limitar el autogobierno vasco. "Significa simplemente que todos renunciamos a utilizar a ETA, su violencia cruel y su juego perverso en nuestros legítimos debates partidistas", añade.

Considera que deslegitimar a los terroristas es también "decir que de ellos nos separan los medios, pero, sobre todo, nos aleja el modelo de país y de sociedad que quieren", y recalca que en la Euskadi a la que aspira "no hay sitio para la intolerancia y uniformidad alcanzada mediante la imposición".

"Nunca aceptaré que el más mínimo avance en el autogobierno de mi país esté vinculado a la presión de la violencia. Desde la política podemos y debemos trabajar por la paz, aunque alejados del concepto del precio político", defiende.

VICTIMAS

Por último, reflexiona sobre el papel de las víctimas y considera "que deben estar presentes en cualquier política que busque la paz". Por ello, cree que "tienen un papel que desempeñar en un proceso de final de la violencia", aunque advierte de que la utilización política de las víctimas "profundiza su herida".

"Una víctima es alguien a quien se trató como medio. Instrumento inocente del terror para imponer un proyecto totalitario. Por eso, la mejor manera de devolverle su dignidad es renunciando a su utilización y asentando el final del conflicto violento sobre dos principios contrarios a los que les convirtieron en víctimas: negativa a que la paz tenga un precio político y esfuerzo adicional de los representantes políticos, para que donde había imposición y exclusión haya lo contrario, es decir, pacto e inclusión", concluye.