La Mesa del Congreso ha venido rechazando las peticiones de comparecencia del jefe del Estado y del presidente por estos temas
MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los partidos independentistas Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Junts, PDeCAT y la CUP, así como Más País, Compromís y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), han registrado este jueves en el Congreso sendas peticiones de comparecencia del Rey Felipe VI y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar las polémicas protagonizadas por Juan Carlos I con sus regularizaciones y por las unfantas Elena y Cristina por las vacunas en Emiratos.
En concreto, quieren que el jefe del Estado y el del Gobierno den cuenta ante el Pleno del Congreso de sus actuaciones "en la marcha del rey emérito siendo investigado por presuntas corruptelas, así como por las últimas informaciones aparecidas en relación con miembros de la Familia real", según figura en el escrito recogido por Europa Press.
En este capítulo se incluyen las dos regularizaciones fiscales efectuadas por Juan Carlos I desde diciembre, la última la semana pasada por valor de 4,4 millones de euros, y la polémica por las vacunas del coronavirus que se pusieron las infantas Elena y Cristina en una reciente visita a su padre a Emiratos.
Según los firmantes, Felipe Vi y Pedro Sánchez deben dar explicaciones "ante la gravedad de los sucedido en las últimas horas, días, meses y años en relación con la Casa Real".
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PENDIENTE
El pasado martes, estos mismos partidos, a los que se sumó el PNV, registraron en el Congreso una nueva petición para crear una comisión de investigación sobre Juan Carlos I tras conocerse el segundo pago del Rey emérito a la Agencia Tributaria.
La misma reclamación hicieron el pasado mes de diciembre, tras la primera regularización fiscal de Juan Carlos de Borbón, pero esta iniciativa y otras similares impulsadas por varios de estos partidos y por Unidas Podemos fueron frenadas por la Mesa del Congreso con los votos del PSOE, PP y Vox.
Todo apunta a que la petición de comparecencia del Rey será también rechazada en la Mesa del Congreso, algo que ya ha ocurrido con iniciativas similares de la CUP, pues los letrados vienen recordando que, conforme a la Constitución, "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad", ya que sus actos "serán siempre refrendados" por el Gobierno.
EL REY NO ESTÁ SOMETIDO AL CONTROL PARLAMENTARIO
Además, se ha mantenido el criterio de que la labor de control del Legislativo se centra en el Ejecutivo y no en otras instituciones o poderes.
Está por ver, no obstante, si la Mesa del Congreso califica la petición que las mencionadas fuerzas políticas han hecho para que el presidente Sánchez detalle al Congreso el papel del Gobierno en torno a los "escándalos" que afectan a la Monarquía.
Los precedentes no parecen ser favorables. El órgano que presidente la socialista Meritxell Batet ya tumbó el pasado agosto otra petición de ERC, Bildu y el Grupo Plural para que Sánchez explicase la marcha del rey Juan Carlos a Emiratos al considerar que era "materia ajena" al control parlamentario del Ejecutivo.
Además, esta misma semana la Mesa del Congreso ya frenó una petición de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP y el BNG para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicase "en qué circunstancias, condiciones y términos se ha producido la regularización opaca de 4 millones de euros, de dudosa procedencia, por parte de Juan Carlos de Borbón".
HABRÁ PREGUNTA EN LA SESIÓN DE CONTROL
Y es que, según los servicios jurídicos de la Cámara, el artículo 95 de la Ley General Tributaria impide hacer públicos datos fiscales privados. Frente a esto, Bildu decidió registrar una pregunta en el Congreso que esperan que Montero atienda en el Pleno de control de la próxima semana.
Lo que sí dejó pasar la Mesa del Congreso fue una petición de ERC y Bildu para que la vicepresidenta Carmen calvo explicase los gastos que supone para las arcas públicas la estancia del rey Juan Carlos en Abu Dabi. La iniciativa llegó a debatirse en la Diputación Permanente del pasado enero, pero fue rechazada en la votación con los votos del PSOE, Unidas Podemos, PP, Vox y Ciudadanos.
