Los ediles sólo se apoyaron en un texto jurídico y fue tras producirse las imputaciones cuando se emitieron los demás informes
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un informe solicitado a la Diputación de A Coruña sobre el acuerdo adoptado por la junta de gobierno local por el que aprobó asumir los gastos de representación y defensa del concejal Adrián Varela con cargo al presupuesto municipal concluye que este acto "se ajusta a la legalidad", puesto que --añade-- "no supone la asunción definitiva del gasto".
Este informe del 7 de noviembre de 2013, realizado a petición del Ayuntamiento de Santiago cuando los siete concejales presentes en la junta de gobierno local el 30 de mayo ya habían sido imputados por un supuesto delito de prevaricación, arguye que de la solicitud presentada por el concejal "parece derivarse que el corporativo solicita la financiación municipal del gasto, sin perjuicio de quién deba asumirlo finalmente, en función del resultado del proceso, lo que deberá ser objeto de la correspondiente fiscalización".
Así, ese escrito jurídico provincial, al que ha tenido acceso Europa Press, es posterior a la toma de decisión por parte de los siete imputados (el alcalde, Ángel Currás, no fue a la citada junta local), que únicamente se basaron en un documento para aprobar el acuerdo del 30 de mayo, y para los que la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación.
En el documento jurídico en que se basó la decisión de la junta de gobierno (del secretario), se concluye que "sí resulta conforme a derecho el acuerdo municipal (...) siempre que se den los requisitos fijados por la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2002".
El propio informe del ente que dirige el popular Diego Calvo hace constar la existencia de otros posteriores, afirmando que el nuevo documento --de la asesoría jurídica del Ayuntameinto-- "completa el anterior" el cual, según el letrado de la Diputación, únicamente expuso el criterio jurisprudencial que determina quién debe asumir los gastos de la defensa, pero "no resuelve esta cuestión de quién debe financiar esos gastos".
Esto es, la asesoría jurídica del Ayuntamiento emitió un informe posterior al acuerdo adoptado en la junta de gobierno local, cuando los concejales ya estaban imputados. Ese nuevo escrito, "completaba" el anterior --en palabras del jurídico de la Diputación-- "resolviendo la cuestión de quién debe financiar los gastos, hasta que se produzca el fallo judicial". No obstante, en el caso de que el fallo no sea absolutorio, el concejal deberá "reintegrar las cantidades abonadas por el Ayuntamiento", añade el jurídico provincial.
DOCTRINA JURÍDICA
En el informe del secretario municipal del 30 de mayo únicamente se remitía a la doctrina fijada por el Tribunal Supremo (TS) en la que determina los gastos derivados por procesos penales "por causas derivadas del ejercicio de sus funciones pueden ser considerados como gastos indemnizables por la corporación", es decir, que sean asumidos por el Ayuntamiento.
No obstante, el TS establece exigencias: que sea motivada por una inculpación con "origen o causa directa en la intervención del miembro de la corporación", que esta intervención "no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación de poder o en convergencia con intereses propios de los interesados"; y que se declare la "inexistencia de responsabilidad criminal por falta objetiva de participación o de conocimiento en los hechos determinantes de la responsabilidad penal".
En resumen, el Ayuntamiento debe asumir los gastos "cuando el corporativo sea absuelto de los actos por los que fue juzgado, realizados en el ejercicio de sus funciones", sintetiza en su informe la Diputación de A Coruña.
Por su lado, el documento en el que se basaron los miembros de la junta local, en base a la doctrina del TS, apunta que "parece claro que, no habiendo una obligación legal expresa en tal sentido, sí que es una obligación moral de toda la corporación local el resarcir a los miembros de los gastos". Sin embargo, en su parte conclusiva se limita a exponer que es "conforme a derecho" --el asumir los costes-- si se dan los requisitos fijados por el TS en sentencia del 4 de febrero de 2002.
Por otra parte, el documento del asesor de la Diputación de A Coruña entiende que si los empleados públicos tienen un derecho individual a ser representados y defendidos procesalmente, "parece lógico extender tal derecho a los propios corporativos municipales que, durante su mandato, también prestan servicios públicos".
Del mismo modo, considera que si la Administración puede destinar recursos personales propios a la defensa de sus autoridades, "no parece que deba existir obstáculo a que se destinen recursos económicos al mismo fin, teniendo en cuenta que si se produce una condena, las cantidades deberán ser reintegradas". Finalmente, también cree que "podría considerarse que, abandonar a su suerte" al concejal hasta que se resuelva el procedimiento, "le situaría en una posición de indefensión".
Así las cosas, y basándose en que el Tribunal Supremo no se pronuncia al respecto de quién debe asumir los gastos, los servicios jurídicos de la Diputación de A Coruña señalan que "no se aprecia impedimento jurídico para que la Administración asuma los gastos necesarios de defensa y representación" hasta que se dicte el fallo.
OTROS INFORMES
Hace algo más de una semana, en la sesión de control al Gobierno del Parlamento autonómico, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que manifestó su colaboración y respeto por la Justicia, admitió que "a veces cuesta" ver "como se puede imputar a concejales por seguir los informes preceptivos de la Intervención y de la Asesoría Jurídica en un ayuntamiento determinado".
Sin embargo, los concejales que acudieron a la junta local se apoyaron para adoptar el acuerdo en un único informe y, posteriormente, hubo otros tres solicitados por los concejales --a secretario y vicesecretario, por un lado, e interventor, por otro--; y uno más, el emitido por la Diputación de A Coruña, pedido por el Ayuntamiento compostelano.
