VALENCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Boletín Oficial de las Corts Valencianes (BOCV) publica hoy una proposición no de ley presentada por el grupo socialista por la que se insta al Consell a derogar el Plan de acción territorial de carácter sectorial de corredores de infraestructuras de la Comunitat Valencia (PAT) por el que se realizó una reserva de suelo para un futuro trasvase del Ebro.
En el BOCV, consultado por Europa Press, los socialistas argumentan que el PAT, que fue aprobado por el Consell en 2005, tiene como objetivo la reserva de suelo para la ejecución futura del proyecto de transferencias de recursos hídricos de la cuenca del Ebro a varias cuencas autorizados por el Plan Hidrológico Nacional, que fue derogado, once meses antes de la aprobación de dicho PAT.
Por lo tanto, el PSPV considera que el PAT nunca ha estado vinculado a un objetivo real sino, únicamente, a una realización futura de transferencias, fundamentada en la intención manifestada por el Partido Popular para el momento en el que volviera a asumir el gobierno de España.
Sin embargo, indicaron que esa posibilidad tampoco justificaba en aquel momento la reserva de suelo ya que respondía a un trazado aprobado en 2003, en base a estudios que, llegado el momento de poder reanudar el proyecto, carecerían de vigencia porque la situación de los terrenos afectados no sería la misma y, en consecuencia, tampoco los posibles impactos a considerar ni las interferencias con otros proyectos autonómicos o locales.
Por ello, los socialistas valencianos opinan que el PAT se conforma como una ficción que, sin embargo, implica limitaciones reales al uso del suelo y a la edificación en su ámbito de influencia que, con una superficie de 155 kilómetros cuadrados y 460 kilómetros de longitud, afecta a sesenta y cinco municipios, atravesando de norte a sur todo el territorio valenciano.
De la superficie total del PAT, el 58,85%, es decir, más de 91 kilómetros cuadrados (Km2), corresponde a suelo no urbanizable común en el que se prohíbe la construcción de granjas, la explotación de canteras y la extracción de áridos y tierras, así como la implantación de usos y aprovechamientos sujetos a declaraciones de interés comunitario.
De esta manera, declaran la imposibilidad para alojar actividades industriales, productivas y terciarias o de servicios, incluidas las dirigidas a prestar un servicio de interés general, todas ellas necesarias para el crecimiento económico de nuestra Comunitat y para mejorar el bienestar y la calidad de vida de nuestros conciudadanos.
Al mismo tiempo, resaltan que el 40% de la superficie reservada para el posible transvase, más de 62 km2, es suelo de especial protección en el que se encuentran cuatro lugares de interés comunitario, una zona LIC y ZEPA, un paraje natural municipal, veinte montañas de utilidad pública y 28,5 kilómetros de caminos rurales.
Así, la aplicación del PAT en estas zonas de especial valor ecológico y medioambiental, precisaría, ineludiblemente, de la autorización del Consell para alterar su equilibrio, incumpliendo su obligación principal de protegerlas.
En consecuencia, afirman que el PAT, lejos de perseguir el interés general que pretende justificar, se convierte en un obstáculo para el progreso de nuestra Comunitat que responde a un interés interesado por mantener vivo un proyecto inexistente y en proceso evanescente.
Habrá que decir, por lo tanto, que si el PAT no tuvo justificación desde su principio, ahora y aquí, se manifiesta absurdo ya que su existencia imposibilita la realización, dentro de sus zonas de influencia, de las infraestructuras, tanto públicas como privadas, necesarias para el desarrollo y atención de sus habitantes.
