CEUTA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha descartado volver a citar al último testigo pendiente de declarar en el marco de la causa abierta por la muerte, el pasado 6 de febrero de 2014, de al menos 14 migrantes de origen susbsahariano intentando acceder a territorio español bordeando el espigón marítimo fronterizo del Tarajal.
Su testifical, la última diligencia programada, debería haber tenido lugar a finales de agosto desde Alemania, pero problemas técnicos de los que ambos países se responsabilizan lo impidieron, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.
Las partes pueden recurrir la decisión de la magistrada ante la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en la ciudad autónoma. Si no lo hacen o no se estiman sus argumentos, el caso quedará a expensas del auto final que decrete su sobreseimiento o la apertura de juicio oral contra los guardias civiles investigados por la comisión de presuntos delitos de homicidio, lesiones y prevaricación en su actuación para repeler el salto de unos 300 personas y la devolución inmediata a Marruecos de 23.
La instructora ya se ha inclinado dos veces por el archivo de la causa y la Audiencia ha ordenado otras tantas su continuación. La primera vez fue en enero de 2017 y la segunda en agosto del año pasado. Según advirtió, "ante un supuesto de un calado humano, social y jurídico tan grande como el que nos ocupa no debían escatimarse esfuerzos de cara a agotar las diligencias indagatorias necesarias y así lograr llevar a cabo la investigación suficiente y eficaz que era requerida".
En su último auto recriminó a la jueza que descartase intentar tomar declaración a dos supervivientes, un hombre y una mujer, localizados en Alemania "sin haber realizado el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos, sólo con el razonamiento de que no se encuentran residiendo legalmente en ese país".
La mujer, Liliane A., declaró por videconferencia que la noche de los hechos llegó hasta la línea de costa con un chaleco salvavidas artesanal fabricado con botellas vacías de agua y que, al adentrarse en el mar, varios migrantes le instaron a salir de nuevo porque la Guardia Civil había colocado una embarcación como barrera. En un determinado momento "perdió la conciencia" y la recuperó de vuelta en la orilla marroquí, por lo que dijo no saber si algún compañero llegó a la playa española.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) logró en abril, pese a la oposición de la defensa de los guardias civiles, que otro superviviente localizado en Madrid, Hervé K., testificase también. Según su relato de lo acontecido, "unas 500" personas se aproximaron en grupos de alrededor de una docena de personas "para evitar a la Policía marroquí" hasta el vallado perimetral español, donde echaron a correr hacia la playa.
Allí se arrojaron al agua y recibieron el lanzamiento, según su declaración, de "cartuchos rojos" y "botes de humo o gases" que "desconcertaron" a los migrantes. Además, "dos embarcaciones" del Instituto Armado se dispusieron en el agua para impedir su avance.
Las Diligencias Previas 123/2014, que en febrero fueron declaradas causa compleja para disponer de 18 meses más de instrucción, recogen también múltiples intentos de culminar una Comisión Rogatoria dirigida a Marruecos para acceder a las autopsias practicadas a los cadáveres que fueron recuperados en territorio del país vecino, petición que el Reino alauita no ha atendido ni respondido siquiera.
La acusación particular estima "de lo actuado y de los distintos informes que constan se desprende que el 6 de febrero de 2014 los agentes del operativo desplegado dispararon contra las personas que se encontraban en el mar material antidisturbios y resulta indiciariamente acreditado que a consecuencia de ello fallecieron al menos 14 personas, resultando otras tantas lesionadas y 23 ciudadanos extranjeros entregados a las autoridades marroquíes al margen de cualquier procedimiento legal".
Para la defensa, sin embargo, "todas las diligencias consideradas necesarias y pertinentes" practicadas "no arrojan indicio alguno para afirmar que la actuación de la Guardia Civil el día de los hechos fuera delictiva".
