TOLEDO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
Una vez nombrado consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban se enfrenta al frente de su nuevo cargo con la huelga de funcionarios prevista para el próximo 29 de febrero por todos los sindicatos representativos de la función pública de Castilla-La Mancha a excepción del sindicato médico CESM.
Esteban, dentro de sus nuevas competencias, será el encargado de liderar por parte del Gobierno la negociación para intentar desbloquear la segunda huelga dentro del sector público de la región, hecho ante el que el Gobierno regional ya ha mostrado durante la última semana su intención de negociar pese a negarse a retirar el Plan de Garantías del Ejecutivo, motivo principal de la protesta iniciada por los sindicatos.
La del día 29 de febrero será la segunda huelga en la función pública que se lleva a cabo en la región, después de la que tuvo lugar en todas las capitales de provincia junto con Talavera de la Reina el pasado 21 de diciembre, en la que más de 8.500 personas salieron a la calle para pedir la retirada del plan de ajuste económico del Gobierno de María Dolores de Cospedal.
Además de la huelga, durante la última semana del mes de enero están previstos en varios hospitales de la Comunidad como el de Parapléjicos de Toledo o el Universitario de Guadalajara paros totales en los servicios de limpieza, después de que varias empresas subcontratadas por la Junta no estén afrontando los pagos de las nóminas de sus trabajadores, caso de las empresas Dokesim, Kulh Linaer o SERCLYM, que prestan servicio en varios centros castellano-manchegos y que no han podido hacer frente a los salarios de sus trabajadores por los impagos del Gobierno regional.
Esteban accede a una de las áreas que más actividad ha tenido desde que se formó el Gobierno de Cospedal. Mientras Jesús Labrador ha liderado la Consejería, ha sido el artífice de la supresión del Consejo Económico y Social (CES), el Defensor del Pueblo, así como el adelgazamiento de los altos cargos en la región, donde se han reducido de 35 a 5 los delegados provinciales de la Junta y en más del 50 por ciento los altos cargos y las direcciones generales.
