BRUSELAS/BILBAO, 28 Feb. (OTR/PRESS) -
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, afirmó hoy que el Gobierno investigará, como asegura haber hecho siempre, todas las denuncias que se produzcan sobre nuevas cartas de extorsión que ETA ha enviado a empresarios. Una extorsión ante el que el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, realizó un llamamiento para que "nadie caiga en el chantaje" y en las "prácticas mafiosas" de la banda terrorista. El PP también se refirió a estas nuevas cartas de extorsión y lo hizo, por boca de su portavoz en País Vasco, Leopoldo Barreda, que denunció no se trata de una nueva remesa puesto que la extorsión a empresarios por parte de ETA "no ha cesado nunca" y evidencia su voluntad de "mantener su actividad criminal" ya que la banda busca dinero para seguir antentado.
Desde Bruselas, donde asiste a una reunión de ministros del Interior de la UE, el secretario de Estado de Seguridad aseguró que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigarán cualquier denuncia sobre esa nueva oleada de cartas de extorsión y trabajarán, como siembre para llevar a los responsables de "esta forma de terrorismo" ante los tribunales.
"Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajan día a día para garantizar que cualquier noticia, cualquier denuncia que pueda llegar sobre la existencia de cartas de extorsión, que en definitiva no son sino una forma de terrorismo, sea investigada con la mayor seriedad posible", afirmó Camacho al ser preguntado por esa supuesta nueva oleada de cartas de extorsión.
Según revela una información que hoy publica el diario 'El País', recogida por otr/press, durante este mes de febrero ETA ha remitido una nueva remesa de cartas a los empresarios vascos exigiéndoles el pago, en billetes de 20, 50 y 100 euros, de cantidades que van desde los 70.000 hasta los 150.000 euros para cubrir "las necesidades económicas para llegar a una situación de plena democracia".
Un chantaje ante el que el Gobierno vasco pide a sus empresarios que se mantengan fuertes y "no cedan" ya que cuentan "con el respaldo de las instituciones y de la inmensa mayoría de la sociedad vasca". "Que nadie caiga en el chantaje de esta organización terrorista", proclamó el consejero de Justicia vasco, Joseba Azkarraga, que, tras expresar su "condena más absoluta a estas prácticas mafiosas", denunció que ETA "hace mucho tiempo que ha perdido el Norte" y le advirtió de que, "desde hace muchos años, tiene muy poco respaldo social".
El PP también se refirió a la extorsión etarra con la que la banda busca desesperadamente dinero para seguir atentado, aunque negó de forma categórica que se se pueda hablar de una nueva oleada de cartas de la banda terrorista, simplemente porque el chantaje a los empresarios "no ha cesado nunca". Barrena señaló que estas misivas ponen "con toda rotundidad" de manifiesto "las intenciones y la voluntad" de ETA de "mantener su actividad criminal y su propósito de imponerse al conjunto de la sociedad democrática" y reclamó la "unidad de todos" para combatir la violencia etarra en todas sus manifestaciones.
LOS EMPRESARIOS NO SE PONEN DE ACUERDO
Los que no se ponen de acuerdo a la hora de hablar de la nueva remesa de cartas de extorsión de ETA son sus víctimas y destinatarios, los empresarios vascos. Así mientras la Confederación Empresarial Vasca (Confebask) confirmó e incluso condenó a través de un comunicado el nuevo envío de cartas de extorsión, algo que, señalaron, viene siendo una constante en los últimos meses, el Círculo de Empresarios Vascos señaló que "en estos momentos" no tiene constancia de la existencia de estas cartas, aunque no es "descartable".
Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CNE), José Manuel Ayesa, se negó a hablar de una "nueva oleada" de cartas de extorsión de ETA, pero no porque éstas no existan, sino porque desde que los terroristas declararon formalmente el fin de la tregua su extorsión no ha parado.
Además, Ayesa también denunció que el número de misivas en las que ETA pide el pago del impuesto revolucionario "se ha multiplicado" y también se ha incrementado el montante exigido por la banda terrorista y recordó que el pago a ETA es condenable, no solo penalmente, sino también desde el punto de vista "ético y moral".
