Pretende reducir los trámites un diez por ciento e incluir esta medida en el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería
MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio del Interior aplicará durante los dos próximos años un Plan Operativo de medidas destinadas a reforzar la lucha contra la trata de seres un humanos con fines de explotación sexual entre las que destaca el objetivo de agilizar y simplificar los trámites de concesión de residencia para las víctimas extranjeras de este tipo de delitos.
Un documento de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil al que ha tenido acceso Europa Press contempla una batería de medidas bajo el nombre concreto de "Actuaciones y resultados esperados" en el que se encuentra este punto sobre "la agilización y simplificación de los procedimientos administrativos para la concesión de autorizaciones de residencia a las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual".
Según explica, lo que se pretende es adoptar "las medidas administrativas necesarias para posibilitar la reducción del tiempo de concesión en cuatro días (10 por ciento)". "Para ello se espera que desde el Cuerpo Nacional de Policía se formulen las propuestas necesarias para la inclusión de medidas agilizadoras en la redacción del Reglamento que desarrollará la Ley de Extranjería tras su reforma más reciente (LO 2/2009)", añade el escrito.
La última reforma de la Ley de Extranjería entró en vigor el pasado 13 de diciembre y a partir de ahí se inició un plazo de seis meses para elaborar el citado Reglamento. Según esta modificación, las personas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación tienen derecho a disponer de un periodo de reflexión de 30 días para decidir si desean o no cooperar con las autoridades en la persecución de los traficantes. Durante este plazo la víctima tendrá acceso a un permiso temporal de residencia y su expediente de expulsión (si ha sido incoado por estancia irregular) se suspenderá. Además, las administraciones velarán por su subsistencia, seguridad y protección en caso necesario.
El objetivo general de estas actuaciones es desarrollar y reforzar las medidas fijadas para el Ministerio del Interior por el 'Plan Integral de Lucha contra la trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual', aprobado por el Gobierno en diciembre de 2008. En ese momento, se apostó por la idea de que la acción del Cuerpo Nacional de Policía ante este fenómeno debía "encauzarse a través de una programa de acciones bien delimitado".
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
Así, en el marco de este programa, también se recoge la necesidad de "elaborar un código de buenas prácticas para la investigación de estos delitos". Por ello se indica la necesidad de "realizar encuestas a todos los investigadores de Policía" dedicados a la persecución de esta lacra y que, una vez concluidas, "se difunda este código en toda la corporación".
Además, se contemplan otras actuaciones centradas en la atención a las personas que sufren las prácticas de las mafias como la "elaboración de material divulgativo específico sobre derechos y recursos asistenciales en el ámbito policial, para su distribución a las víctimas". También se pretende "fomentar el intercambio de información policial con los países de origen tránsito y destino" o "agilizar los procedimientos de identificación y documentación de las víctimas".
Asimismo, dentro de esta batería de medidas se incluyen algunas de carácter interno como mejorar la cuantía y la calidad de los recursos personales y materiales de las unidades afectadas; potenciar la investigación financiera de delitos relacionados con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o incrementar el número y la eficacia de las investigaciones.
Para ello se introduce la obligatoriedad de que todos los agentes de la Unidad contra redes de inmigración y falsificación (UCRIF), "sin distinción de categoría, hayan recibido un curso de formación específica sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual".
Según el mismo documento, para velar por el buen funcionamiento y el cumplimiento de estos objetivos, cada seis meses se realizará un balance que será seguido y evaluado por los servicios de la Dirección Adjunta Operativa (DAO). Inicialmente, este plan tendrá una duración de dos años (2010-2011, ambos inclusive).
