MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de IU-ICV reclama al Gobierno la puesta en marcha de medidas informativas y preventivas en todos los ministerios para impedir la realización de campañas de publicidad institucional como la que puso en marcha el Ministerio de Trabajo en 2003 sobre las pensiones y que ha sido descalificada por el Tribunal de Cuentas.
Esta es una de las propuestas de resolución planteadas por IU-ICV al informe de fiscalización de los contratos de publicidad de la Seguridad Social entre 2002 y el primer cuatrimestre de 2004, siendo ministro de Trabajo el actual portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana. La coalición denunció en su día ante la Fiscalía Anticorrupción una de esas campañas, la relativa a la revaloración de las pensiones en una paga única, pero las diligencias se archivaron.
Ahora, el grupo parlamentario que preside Gaspar Llamazares exige la adopción "rigurosa" de medidas destinadas a evitar campañas institucionales "cuya finalidad real no sea la de satisfacer el interés informativo, sino difundir una imagen favorable de un Gobierno o partido político", que sean "irregulares o puedan dar lugar a delitos de desviación de poder o malversación de fondos públicos" o que, simplemente, se consideren "innecesarias" por su previsibilidad.
Estas medidas, que se votarán el próximo martes en la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas, también tendrían como objetivo que las campañas institucionales se ejecuten durante la campañas electorales o en periodos inmediatamente anteriores a éstas.
NUEVO DELITO ELECTORAL
Paralelamente, en otra de sus propuestas de resolución este grupo parlamentario recomienda al Gobierno la tipificación como un nuevo delito electoral de "la desobediencia flagrante a los acuerdos adoptados por las Juntas Electorales en materia de publicidad institucional".
En aras de incrementar la transparencia, IU-ICV también propone que los créditos presupuestarios destinados a la financiación de la publicidad institucional se especifiquen con el mayor detalle en los presupuestos de gastos anuales de cada organismo, determinando, además, su carácter limitativo y vinculante.
Asimismo, apuesta por fortalecer la objetividad y la transparencia en la contratación y perfeccionar el funcionamiento de las Comisiones Ministeriales de Información Administrativa a la hora de diseñar las estrategias a las que deban sujetarse las campañas de publicidad.
En resumen, IU-ICV quiere que el Congreso emplace al Gobierno a tomar nota de las recomendaciones que ha realizado el Tribunal de Cuentas y a que, en lo sucesivo, este tipo de campañas "se ajusten plenamente los principios de objetividad, transparencia, publicidad, concurrencia, no discriminación, eficiencia y racionalidad económica".
