MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario IU-ICV pidió hoy al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que salvaguarde los derechos de las inmigrantes que denunciaron haber sufrido abusos sexuales en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga.
En un escrito remitido por el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, al fiscal se le pide a éste que tutele los derechos de las inmigrantes para "evitar represalias o expulsiones que impidieran en el futuro la investigación completa de lo denunciado", informó el grupo en un comunicado.
En la nota, IU-ICV explica haber tenido conocimiento de que en los próximos días podría llevarse a cabo la expulsión de la única de las seis mujeres inmigrantes que denunciaron abusos sexuales en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga y que aún permanece ingresada en el mismo.
El grupo parlamentario recuerda que se han producido otras tres expulsiones de testigos protegidos que pueden tener repercusión en el desarrollo del procedimiento penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción Nº 9 de Málaga en el que hasta el momento han resultado imputados nueve policías nacionales destinados en el CIE.
El testimonio de las denunciantes, subraya IU-ICV, puede resultar "fundamental" tanto para recabar nuevas pruebas incriminatorias como en la fase de juicio oral si finalmente se acordara su apertura.
Además, señala que la expulsión de estas mujeres podría ocasionar una indefensión de las mujeres denunciantes en el procedimiento en curso, obviando lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Extranjería, que contempla la posibilidad de que no se expulse a extranjeros "en caso de acreditada circunstancia de colaboración con la Justicia".
La fiscalía ordenó suspender el expediente de expulsión de otras dos internas, que quedaron en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días. Sin embargo no ordenó la suspensión de la expulsión de las otras tres inmigrantes que denunciaron abusos sexuales por parte de los policías nacionales ni tampoco lo ha hecho hasta la fecha con la testigo que sigue ingresada en el CIE.
Estas expulsiones, advierte IU-ICV, de no ser suspendidas o revocadas pueden suponer un "trato discriminatorio" hacia las denunciantes aunque su testimonio como testigos protegidos obre en el Juzgado.
Además, el grupo informó de que ha presentado una serie de preguntas en el Congreso de los Diputados sobre las medidas internas que ha adoptado el Gobierno para evitar que se repitan hechos de este tipo y con respecto a si conocía de la existencia de denuncias de organizaciones sociales sobre presuntos presuntos abusos sexuales a las internas de ese centro.
También le pregunta al Ejecutivo qué medidas ha adoptado para proteger a las denunciantes que tienen la condición de testigos protegidas y si ha previsto suspender la expulsión de la único testigo que continúa internada en el centro y revocar la expulsión de las restantes para garantizar su colaboración con la administración de Justicia.