Cree que la "cadena perpetua" atenta a la dignidad humana y arremete contra las sanciones a personas que ayudan a 'sin papeles'
MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) pide que los terroristas y miembros de grupos organizados no tengan que cumplir con el requisito de tener que arrepentirse, delatar a sus compañeros o acreditar su desvinculación de la banda para acceder a la libertad condicional.
Así lo recoge en las enmiendas al articulado del Código Penal, donde abogan por la supresión de la cláusula que exige de estos presos "ciertas conductas delatoras o de índole moral" al entender que "violenta innecesariamente los principios de igualdad y de reinserción".
El artículo 90 del nuevo Código Penal requiere que estos condenados muestren "signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista" y colaboren "activamente" con las autoridades para impedir nuevas acciones criminales, atenuar los efectos del delito, capturar a otros responsables, obtener pruebas o frenar la actuación de la organización.
Y obliga a acreditarlo a través de una declaración expresa repudiando estas actividades y abandonando la violencia, mediante una petición expresa de perdón a las víctimas o informes técnicos que acrediten que el preso está desvinculado de este entorno.
"CADENA PERPETUA" INCONSTITUCIONAL
Por otra parte, la coalición de izquierdas ve inconstitucional la "cadena perpetua" al considerar que atenta contra la dignidad humana, la reinserción social de las penas y peca además de una grave falta de seguridad jurídica por su indeterminación.
"El Ministerio de Justicia no está pensando en garantizar el derecho a la reeducación y a la inserción social de los penados a largas condenas, sino que intenta otorgar apariencia de legitimidad a la prisión perpetua, resaltando su carácter revisable y así salvar el escollo legal de su más que improbable constitucionalidad", argumenta.
Por otro lado, arremete contra la reforma por castigar por primera vez la ayuda con ánimo de lucro a la permanencia de los inmigrantes irregulares. A su juicio, permite castigar comportamientos como alquilar una vivienda o admitir en un hotel a un inmigrante 'sin papeles', o asesorarle legalmente para prolongar su estancia en España.
"No se está protegiendo a los ciudadanos extranjeros sino que se les están estrangulando sus derechos, tratando a las víctimas como delincuentes y a quienes les auxilian como verdugos", advierte.
Finalmente, aboga por recuperar la sustitución de la pena de prisión por la expulsión de los extranjeros no residentes legalmente en España, al tiempo que llama la atención sobre la omisión del nuevo Código Penal, que no contempla un plazo de suspensión de la pena para quienes hayan delinquido a causa de su dependencia al alcohol o las drogas.
