Denuncian que, ocho meses después de su aprobación, el Gobierno sigue sin desarrollar la Ley de Memoria
MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), quieren saber qué medidas ha tomado el Gobierno para garantizar que la fundación gestora del Valle de los Caídos cumpla la conocida como Ley de Memoria Histórica que, entre otras cosas, prevé que en "ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo", es decir, que no podrá albergar concentraciones 'ultras' como las que tradicionalmente tienen lugar cada 20 de noviembre para conmemorar la muerte de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.
Además, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, y el diputado de ICV en el Congreso, Joan Herrera, se interesan por las gestiones realizadas por el Ejecutivo para que la citada fundación incluya entre sus objetivos "honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas" a consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura, tal y como prevé una de las disposiciones adicionales de la ley.
Estas son algunas de las preguntas que Llamazares y Herrera han dirigido al Gobierno en varios escritos en los que denuncian que, ocho meses después de su aprobación, el Gobierno sigue sin desarrollar la ley por las que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, que fue definitivamente aprobada por el Congreso en diciembre de 2007.
En sus preguntas, a las que ha tenido acceso Europa Press, Llamazares recuerda que el Gobierno se ampara en que aún está elaborando el desarrollo reglamentario necesario para la aplicación de la ley y que, en otros casos, "se escuda" en que para hacerla efectiva es necesario articular las cooperación entre administraciones públicas.
En una reciente respuesta parlamentaria a Llamazares, el Gobierno admitía que el Ministerio de Justicia ya había recibido algunas peticiones para la concesión de la declaración de reparación y reconocimiento personal a las víctimas y que había acusado recibo de las mismas a los posibles beneficiarios. Sin embargo, no especificaba cuántas personas habían solicitado este reconocimiento ni ponía fecha a la aprobación del decreto que regulará este procedimiento.
CAMPAÑA INFORMATIVA
Por ello, Llamazares ha vuelto a preguntar al Gobierno cuándo tiene previsto dar luz verde a esta regulación y si ha pensado en realizar una "campaña informativa para que los posibles beneficiarios de esta declaración puedan solicitarla en tiempo y forma".
Según el coordinador general de IU, la necesidad de coordinarse con comunidades y ayuntamientos para, por ejemplo, la retirada de los símbolos franquistas o la localización e identificación de víctimas enterradas en fosas comunes, "no es eximente de la obligación del Gobierno" para poner en marcha las medidas que son de su exclusiva competencia en estas materias.
Por ello, tras recordar que el Gobierno, sin perjuicio de las competencias que tienen las comunidades autónomas, tiene la obligación de impulsar medidas para la identificación y localización de víctimas, pide saber cuándo se va elaborar el protocolo de actuación científica y multidisciplinar que asegure la colaboración institucional y una adecuada intervención en las exhumaciones, si va a confeccionar un mapa de fosas de todo el territorio y si ha determinado ya "qué entiende por 'autoridad competente' para autorizar las exhumación.
RETIRADA DE SÍMBOLOS
Asimismo, se interesa por las gestiones realizadas por el Gobierno para la elaboración de un catalogo de vestigios relativos a la guerra y la dictadura y qué medidas ha tomado para la retirada de símbolos franquistas, si sabe el Gobierno qué están haciendo las comunidades autónomas en este terreno y cómo va a confeccionar el censo de edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzados que prevé la ley.
En la misma línea, solicitan que se informe de las peticiones de indemnizaciones que se han recibido por parte de beneficiarios de los distintos artículos de la norma como los ejecutados, los presos o los que participaron en los denominados batallones disciplinarios.
También quieren saber cuándo entrará en vigor el decreto que determinará los requisitos para que los brigadistas internacionales que lucharon en España puedan obtener la nacionalidad y si se va a "flexibilizar" la documentación que deben entregar los 'niños de la guerra' para acreditar que lo fueron, habida cuenta de las dificultades con las que se encuentran para probar que fueron autorizados a salir de España.
Por último, aspiran a que el Gobierno les aclare cuándo va a adoptar las medidas legislativas necesarias para facilitar el acceso a los libros de actas de defunciones de los Registros Civiles dependientes de la Dirección General de Registros.
