MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
IU, que ejerce acusación popular en la pieza del 'caso Púnica' que investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid, va a solicitar al juez instructor, Manuel García Castellón, la incorporación a la investigación de los casi 200 contratos públicos formalizados entre 2009 y 2013 que ha hallado la que la Consejería de Transportes y que incluyen la cláusula del 1 por ciento para publicidad, importe que se habría desviado a las cuentas del partido, según han informado fuentes jurídicas.
El Gobierno regional facilitó la relación de los contratos en respuesta a una petición de información del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie en la Asamblea de Madrid, después de que el magistrado abriera esta línea de investigación e imputara a ex altos cargos madrileños, entre ellos los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Según el auto del instructor, en los contratos públicos del equipo de Aguirre se estableció esa cláusula del 1% por la cual se incrementaba el precio con la finalidad de pagar unas prestaciones (gastos de publicidad e información) ajenas al objeto del contrato. Estima el daño para las arcas públicas en más de cinco millones de euros sólo entre 2006 y 2008.
En la lista de contratos publicada ahora por la Comunidad de Madrid figuran un total de 197 formalizados por la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda y por Mintra, la extinta empresa pública Madrid Infraestructuras del Transporte.
Los contratos corresponden a obras de carreteras, redacción de proyectos y de estudios, acondicionamiento de paradas de autobús, así como a servicios de mantenimiento de jardinería, vigilancia de seguridad no armada y limpieza, desinfección, desinsectación y desratización en la calle Maudes (antigua sede de la consejería).
En cuanto a la reclamación de las facturas presentadas como pagadas por los contratistas detallando empresa emisora y cuantía, incluida en la misma petición de información, la Comunidad responde que, "consultados los datos obrantes en dicha consejería, no existe constancia de facturas presentadas y pagadas por los contratistas entre los años 2009 y 2013 que contuvieran la cláusula con el texto que se indica en el literal de la iniciativa, ni cualquier otra que obligara al contratista a realizar gastos similares a los contenidos en dicha cláusula".
