IU pide un nuevo marco competencial entre Estado y CCAA, con un reparto "nítido" para evitar materias "compartidas"

Actualizado: jueves, 7 diciembre 2006 13:32

La coalición propone trece modificaciones constitucionales para "reforzar" los derechos sociales y democráticos de los ciudadanos

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador ejecutivo de Política Institucional y Modelo de Estado de Izquierda Unida (IU), Félix Taberna, explicó hoy las trece propuestas de la coalición sobre reforma constitucional, aprobadas recientemente en su Comisión Permanente. Según sus propias palabras, se trata de una propuesta "ambiciosa" que trata de encontrar un nuevo "nexo" entre cuestión democrática, cuestión social y reforma del Estado.

Los ejes de la propuesta son, según explicó Taberna mediante un comunicado, "federalismo y republicanismo como democratización y descentralización del poder", así como cuestión social que haga de la democracia sustancial su centro, que garantice la participación en todas las esferas de la sociedad y que convierta "los derechos fundamentales en proyectos sociales tangibles".

IU apuesta, además, por una democracia participativa que desarrolle una "idea-fuerza" de la política autogobierno de los ciudadanos, acercando la toma de decisiones e incluyendo al máximo de personas en las cuestiones colectivas, empezando por los municipios "hasta llegar a la Unión Europea".

Entre las propuestas concretas, destaca la que afecta al Título VIII de la Constitución. A juicio de IU, la Carta Magna debería disponer un nuevo marco competencial del Estado y de las CCAA, revisando "a fondo" el artículo 149, con un reparto "nítido" de responsabilidades entre uno y otras, "evitando así el actual efecto de que prácticamente todas las materias son compartidas".

La coalición abogó también por la modificación del artículo 128, para incluir expresamente el suelo urbanizable entre los recursos "esenciales" que pueden ser reservados al sector público. Además, consideró que hay que fomentar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. "Creemos procedente adicionar al artículo 23, que regula el derecho a la participación en asuntos públicos y el acceso a funciones y cargos públicos", argumentó.

REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL

En esta línea, indicó que el artículo 68 debiera modificarse en el sentido de eliminar la exigencia de la circunscripción provincial para las elecciones al Congreso de los Diputados, de modo que "se abra la puerta" a otro sistema electoral que preserve con más "fidelidad" el principio de representación proporcional y "no prime a las hectáreas sobre los ciudadanos".

Asimismo, apostó por prever la posibilidad de que las CCAA puedan someter a consulta popular o referéndum decisiones políticas dentro del ámbito de sus competencias, así como por flexibilizar los requisitos de la iniciativa legislativa popular contemplada en el artículo 87. Además, afirmó que el Título Preliminar de la Constitución, en su artículo 3, debería reconocer con "claridad" el carácter pluricultural y plurilingüístico del Estado.

Taberna resaltó la pertinencia de suprimir la consideración de los derechos económicos, sociales y culturales como "principios rectores de la política social y económica". En su opinión, tal y como aparecen ahora, estos derechos carecen de la protección reforzada que caracteriza a los derechos fundamentales y "no son realmente" derechos fundamentales, con lo que "sólo retóricamente puede hablarse en la actualidad de un Estado social de derecho".

Asimismo, reclamó que el Estado español renuncie al uso de la guerra como "instrumento" de política exterior, tal como hizo la Constitución de 1931 siguiendo la línea del Pacto de la Sociedad de Naciones. "Los artículos 49 y 50, relativos a la atención a disminuidos y tercera edad, debieran rehacerse para establecer el principio del derecho a la atención de las personas con dependencia para realizar tareas cotidianas", prosiguió.

Para IU, la regulación del derecho a la vida debe "completarse" con otro precepto que debe establecer el derecho a percibir unos ingresos mínimos o una renta básica suficiente para atender las necesidades vitales, que los poderes públicos están "obligados" a garantizar y que, en cualquier caso, "será un mínimo exento fiscalmente". Junto al derecho a la vida, solicitó el derecho a una muerte digna.

Finalmente, Taberna resaltó que debe suprimirse la prohibición contenida en el artículo 145.1, permitiendo la posibilidad de establecer lazos especiales de tipo federativo "entre las CCAA que así lo decidan". Apostó por una nueva redacción del artículo 130, de modo que promueva el aumento del bienestar y la cohesión social, la justicia social asegurando la igualdad de oportunidades, y asegure la eficacia y eficiencia del sector público, garantizando también el funcionamiento eficiente de los mercados garantizando la adecuada concurrencia entre las empresas, combatiendo los abusos de posiciones dominantes.