MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida quiere que el Congreso constituya una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional en la que todos los grupos parlamentarios trabajen durante un año para acordar una serie de medidas y reformas legales destinadas a revitalizar el sistema democrático.
Este es uno de los puntos que IU ha incluido en la moción consecuencia de la interpelación que su portavoz, José Luis Centella, planteó el pasado miércoles a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Pleno de la Cámara Baja.
El texto registrado por la federación de izquierdas, que se someterá a votación en la próxima sesión plenaria ordinaria y que recoge Europa Press, se divide en tres partes.
La primera es la relativa a la citada subcomisión, que tendría como objetivo estudiar fórmulas para profundizar en la participación directa de la ciudadanía en la vida política y mejorar la identificación entre representantes y representados y del propio funcionamiento del Congreso.
FIJAR EL SUELDO DE LOS CARGOS PÚBLICOS
Izquierda Unida dedica el segundo punto de la moción a poner negro sobre blanco sus propias propuestas en este sentido. Así, pide al Gobierno que reforme las condiciones laborales de todos los cargos públicos de manera que se incluyan en el Régimen General de la Seguridad Social y que fije los salarios de todos ellos, incluidos diputados, senadores, alcaldes y concejales, y que realice un control rígido de las incompatibilidades.
También plantea que se establezcan instrumentos para controlar el cumplimiento de los programas electorales que incluyan mecanismos de revocación de los cargos que los incumplan, la reforma de la Ley Electoral para hacerla más proporcional, modificaciones legales para hacer efectivos todos los artículos de la Constitución y la "desvinculación total del Estado con cualquier confesión religiosa".
Por último, IU defiende que el hemiciclo reconozca formalmente que el pasado 25 de septiembre, cuando tuvo lugar la primera protesta de 'Rodea el Congreso', no se alteró el funcionamiento normal de la Cámara e inste a la no criminalización de los movimientos ciudadanos que se manifiestan contra las consecuencias de la crisis.
