Esta medida, incluida en su Manifiesto y dirigida a todos los gobiernos, implica que no prescriban los delitos por terrorismo
MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
El IV Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, que tendrá lugar en Madrid el próximo martes y miércoles organizado por la Universidad CEU San Pablo en colaboración con la Fundación Víctimas de Terrorismo, pedirá a todos los Gobiernos --por medio de su Manifiesto final-- que promuevan la inclusión del delito de terrorismo dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Esta petición quedará recogida en el punto quinto del Manifiesto que fue aprobado hace cuatro años en el I Congreso celebrado también en Madrid y ratificado posteriormente en los Congresos celebrados en Bogotá (2005) y Valencia (2006). Entre otras consecuencias prácticas esta medida implica que no prescriban los delitos por terrorismo, según informaron a Europa Press los organizadores del Congreso.
Concretamente, el citado punto decía hasta ahora lo siguiente: "pedimos que los crímenes terroristas sean considerados como violaciones de Derechos Humanos por la comunidad internacional y que sean incluidos en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional", a lo que ahora se añadirá el siguiente párrafo: "En este sentido, pedimos a todos los Gobiernos que promuevan y apoyen la inclusión del terrorismo dentro de los delitos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, con ocasión de la Conferencia de Revisión del Estatuto de la Corte, prevista para el año 2009".
La propuesta ha recibido el apoyo de las principales Asociaciones de Víctimas que asistirán al IV Congreso Internacional, tales como la Fundación Víctimas del Terrorismo, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE), la Fundación Miguel Ángel Blanco, la Fundación Gregorio Ordóñez, la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M o la Fundación Víctimas Visibles de Colombia.
CONSECUENCIAS PRÁCTICAS.
De lograr este objetivo, se conseguiría, por un lado, que los Estados que no juzguen a los terroristas deberán ponerlos a disposición de la Corte Penal Internacional para que lo hagan; por otro lado, se garantizaría la imprescriptibilidad de los crímenes y delitos de terrorismo, ya que el Estatuto del Tribunal afirma expresamente esta característica respecto de todos los delitos objeto de su jurisdicción.
La jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria a las jurisdicciones nacionales. Es decir, sólo interviene cuando las jurisdicciones nacionales, o bien no quieren ejercer su jurisdicción (temas delicados, personas que han actuado para los servicios del Estado), o bien no pueden ejercerla (Estados en los que no hay separación de poderes, Estados responsables de actos terroristas, Estados en una situación política comprometida, etc.)
Según los organizadores del Congreso, con la aprobación de esta propuesta se garantizaría el derecho de las víctimas a que se haga justicia y a que se aplique el Derecho. En este sentido, indican que "no puede olvidarse el hecho de que las víctimas no sólo aspiran a la indemnización económica del perjuicio, sino sobre todo a que se haga justicia. Además, se reforzaría la posición y el papel internacional de las víctimas del terrorismo".
