30 de octubre de 2020
26 de junio de 2018

Izquierda Unida ultima una ley para obligar a investigar los casos de 'bebés robados' hasta el año 2000

Izquierda Unida ultima una ley para obligar a investigar los casos de 'bebés robados' hasta el año 2000
EUROPA PRESS

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ultima estos días la redacción de una proposición de ley para el reconocimiento y la reparación de las víctimas del franquismo y la Transición, que tiene previsto registrar en el Congreso, y que incluye varios artículos para obligar a investigar los casos de robos de bebés para darlos en adopción hasta el 31 de diciembre de 1999.

En concreto, la iniciativa, recogida por Europa Press, establece que las tribunales tendrán que investigar estos casos y que las autoridades españolas estarán obligadas a impulsar de forma efectiva la búsqueda de los menores sustraídos bajo el amparo de las autoridades franquistas y el posfranquismo.

Además, el texto especifica que los órganos judiciales "actuarán a partir del principio de que los hechos constituyen un delito permanente cuya comisión no cesa hasta la identificación final del menor sustraído", de manera que abrirán investigaciones con este fin, ya sea de oficio o por instancia de parte.

"La finalidad del procedimiento será la búsqueda del menor presuntamente sustraído, así como de los orígenes en el caso de las personas adoptadas irregularmente para cerrar el ciclo del delito permanente", reza la proposición de ley.

Si la iniciativa se aprueba, las administraciones pública estarán también obligadas a prestar una colaboración efectiva en estas investigaciones abriendo archivos de los centros médicos y de internamiento de mujeres, las casas de cuna y los orfanatos donde se llevaron a cabo los robos de bebés.

ACCESO A ARCHIVOS PÚBLICOS Y ECLESIÁSTICOS

Además, el hallazgo del menor sustraído conllevará la actuación de oficio de los órganos judiciales competentes para perseguir estos delitos y actuar contra sus responsables.

La iniciativa contempla también que se garantice el acceso a los archivos públicos y eclesiásticos en relación con personas desaparecidas, y que las instituciones o congregaciones religiosas deben atender las solicitudes que reciban con "prontitud y diligencia", al igual que los archivos privados.