También rechaza la pretensión del abogado de Puigdemont para acatar la Constitución sin pasar por la Junta Electoral
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La Junta Electoral Central (JEC) ha comunicado al Parlamento Europeo que los escaños del presidente de Esquerra (ERC), Oriol Junqueras, y de los dos candidatos de Junts, el expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconseller Toni Comín, deben considerarse vacantes porque no han completado los trámites para tomar posesión.
Una vez proclamados los resultados, los 54 eurodiputados electos disponían de cinco días para jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central, que este lunes les convocó para proceder a ese trámite.
Pero a esa cita faltaron el todavía ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que tenía un Consejo de Ministros de la UE; los dos de Junts, el expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comin, ambos prófugos de la Justicia, así como el presidente de ERC y cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras, que esta en prisión preventiva a la espera de la sentencia por el juicio del proceso independentista en Cataluña y el Supremo le denegó el permiso para ser trasladado al Congreso.
Borrell resolvió el trámite este jueves acercándose al Congreso, pero quedaba pendiente el caso de Junqueras, Puigdemont y Comín. En un acuerdo adoptado horas después, la JEC recuerda que, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), una vez agotado el plazo de cinco días debe "declarar vacantes los escaños correspondientes a los diputados que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo".
Eso sí, la declaración de escaños vacantes podrá revocarse en cuanto los tres electos procedan a acatar la Constitución. Otra posibilidad para no perder la representación es que tanto la coalición Ahora Repúblicas como Junts sustituyan a Junqueras, Puigdemont y Comín, previa renuncia de los tres afectados, y que sus sustitutos completen los trámites que exige la legislación.
Si no hay cambios, sólo 51 eurodiputados españoles tienen toda la documentación necesaria para participar en la sesión constitutiva del Parlamento Europeo, prevista para el próximo 2 de julio. Son 20 del PSOE, 12 del PP, siete de Ciudadanos, seis de Unidas Podemos, tres de Vox, dos de Ahora Repúblicas (una de ERC y otro de Bildu), y uno de la Coalición por una Europa Solidaria (CEUS) que suscribieron PNV y CC.
EL ACATAMIENTO ES "PERSONALÍSIMO" E "INDELEGABLE"
En la misma reunión de este jueves, la JEC ha rechazado la pretensión del abogado Gonzalo Boye, representante legal de Puigdemont y Comín, para que el acatamiento pudiera realizarse a distancia.
Según recuerda, el acatamiento es imprescindible para adquirir plenamente la condición de eurodiputado y debe realizarse ante la Junta Electoral Central, "lo que supone que el candidato electo debe comparecer personalmente ante dicho organismo para la realización de un acto que es de naturaleza personalísima, resulta por tanto indelegable, y no puede llevarse a efecto mediante cualquier mecanismo que pretenda elegir el propio interesado al margen de las previsiones legales al efecto".
"El acatamiento es un acto personalísimo que se debe realizar presencialmente ante la Junta Electoral Central, como se lleva haciendo desde la aprobación del referido precepto, con arreglo al cual no resultan admisibles otros procedimientos como los propuestos", subraya la JEC.
NADIE LES IMPIDE PRESENTARSE EN ESPAÑA
Por último, indica que el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, "no prohíbe ni impide" que Puigdemont y Comín puedan venir a España, otra cosa es que ello active "las obligaciones procesales que se derivan de dicha causa".
"Como tiene declarada la Junta Electoral Central, la circunstancia de que un candidato se encuentre voluntariamente fuera del territorio nacional para eludir la acción de la justicia no constituye causa justificada para proporcionarle un trato distinto del dado al resto de candidatos", añade.
El acuerdo de la JEC es firme en vía administrativa por lo que ya sólo cabe presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación.
