MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
La exvidepresidenta de la Generalitat de Cataluña, Joana Ortega, ha declarado este miércoles ante el Tribunal de Cuentas, que enjuicia la responsabilidad contable en que pudieron incurrir distintos miembros de su Govern con la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014, que todo se hizo "dentro de la legalidad" y que "todos los contratos" de servicios que se pusieron en marcha "tenían el visto bueno de la intervención".
Ortega ha sido la segunda en declarar ante el tribunal después de que lo hiciera el expresidente Artur Mas y ha sostenido, al igual que él, que el proceso del 9N "era diferente" al de la consulta convocada en septiembre que había sido anulada por el Tribunal Constitucional. De hecho, ha asegurado que en aquella ocasión, dio orden de "paralizar los convenios y sus efectos económicos" en cuanto recibió notificación de la providencia.
"El gobierno impulsa un proceso participativo de naturaleza y alcance totalmente diferente y a partir de ahí, los departamentos empezamos a implantar la organización porque la ejecución quedará en manos de los voluntarios. La organización se combina con contratos diferentes de partidas presupuestarias diferentes", ha destacado.
En este sentido, ha afirmado que para el 9N surge la necesidad de "elaborar material y se hacen contratos y convenios diferentes" a los que se habían previsto para la consulta inicial y ha llamado la atención sobre el hecho de que el Govern tuvo "tiempo de realizar" estas gestiones porque pasaron tres semanas entre la convocatoria y la providencia del Constitucional que anulaba también esta convocatoria.
"Todos aquellos gastos y contratos vinculados al proceso participativo iban por otras partidas presupuestarias en vigor y con el visto bueno de la intervención", ha destacado, para incidir además en que en la consulta "no se utilizó censo de participación ni ningún órgano electoral" y tampoco participó "ni un sólo" funcionario público, porque fueron todo voluntarios. La votación se prolongó, conforme ha asegurado, dos semanas.
Entre estos contratos se ha referido al suscrito con el CTTI, que, según ha explicado Ortega, proporcionó "soluciones" porque al no utilizarse el censo para las votaciones, los participantes debían inscribirse de forma automatizada. Dice que a falta de respuesta del Constitucional a su recurso, "había un escenario posible en que se realizara con los voluntarios la consulta" y que, en todo caso, este convenio finalizó antes del 4 de noviembre.
"Tengo la convicción absoluta de que siempre, tanto en la consulta, como en el proceso participativo posterior, actuamos dentro de la legalidad y de las competencias que tenemos asignadas tanto en el Estatuto como en la Ley de consultas no refrendarias que tuvo además, un dictamen favorable del Consejo de Garantías Estatutarias", ha añadido.
