Piden que el aforamiento del Rey no sirva para acelerar una reforma que consideran perjudicial para la Justicia
MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las Asociaciones Judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) han emitido este lunes un comunicado conjunto en el que inciden en sus críticas al proyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) presentado por el Gobierno y destacan que, en coincidencia con lo señalado recientemente por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, la "reforma dificultará la actuación de la jurisdicción criminal y no favorecerá la persecución de los delitos de corrupción, dando una respuesta penal todavía más tardía que en la actualidad".
Las asociaciones, que inician su escrito señalando que realizan sus críticas "con absoluto respeto institucional al Poder Ejecutivo y Legislativo", consideran que la reorganización del sistema judicial en España con a demarcación judicial provincial y la supresión de los partidos judiciales -que serán sustituidos por tribunales de instancia-, aleja a los ciudadanos de la justicia.
Añaden que la reforma incrementa el número de aforados "en lugar de proceder a la eliminación de muchos de ellos, como sucede en la gran mayoría de países europeos".
AFORAMIENTO DEL REY
Añaden que cualquier modificación legal que se pretenda realizar para que se acuerde un aforamiento a favor del rey tras su abdicación "no puede ser utilizada para legitimar y acelerar una reforma claramente perjudicial en su conjunto para la independencia judicial"
Critican igualmente la limitación de la libertad de expresión de los jueces y de las Asociaciones Judiciales por resultar "gratuita, innecesaria y sin justificación razonable", ya que a juicio de estas asociaciones "refleja el deseo del legislador de un Poder Judicial silencioso y acrítico, públicamente inexistente y alejado de la ciudadanía".
También señalan que la nueva ley conduce a la supresión absoluta de la democracia interna y de la participación de los jueces en la elección de sus órganos de gobierno, con la configuración de un sistema presidencialista, jerarquizado y controlado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".
Al igual que se ha realizado desde otras instancias, como el propio Supremo o la Audiencia Nacional, las asociaciones advierten que jurisprudencia vinculante y las directrices de obligado cumplimiento "terminarán definitivamente con la independencia judicial, sometiéndola a los otros poderes del Estado y puede transmitirse a la sociedad la idea de que los jueces resuelven los casos bajo el dictado y la autoridad del CGPJ y en último término del Gobierno que incide en el nombramiento de la mayoría de los vocales de aquel órgano".
