Dice que el CGPJ "se encuentra en una situción anómala" y las fuerzas políticas trabajan para renovarlo.
MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, considera "sumamente correcta, desde el punto de vista legal", la medida penitenciaria de prisión "atenuada" concedida a José Ignacio de Juana Chaos, y afirmó que si esa decisión "se le puede achacar al Gobierno, la decisión" de concederle 350 días en redenciones por un libro y unos cursos también "es achacable" al anterior Ejecutivo del PP.
Según Conde-Pumpido, la decisión adoptada con De Juana, del que dijo que "hay algunos canallas a los que se les ha dado ya demasiado protagonismo en los medios", es "una medida penitenciaria sumamente correcta", porque el juez Central de Vigilancia Penitenciaria la aprobó y "hay que respetar" su decisión "sin ninguna otra valoración" política.
En su opinión, "se está exclusivamente valorando el cumplimiento de una condena por un delito de amenazas y la condena está cumplida en más de un 50 por ciento, por lo tanto la clasificación en segundo grado que propone Instituciones Penitencias es legalmente correcta". Con esas condiciones, la prisión "atenuada" aplicada "procede legalmente con independencia de la situación de la huelga de hambre".
En cuanto a si el ejemplo de De Juana es seguido por otros presos, Conde-Pumpido dudó de que hubiera más reclusos en huelga de hambre y dijo que "lo bueno que tiene la Justicia es que está establecida para que los jueces resuelvan cada caso individualmente, en función de las circunstancias que concurran".
REDENCIONES ANTERIORES.
Tras destacar la corrección de la medida acordada, el fiscal general recordó que "lo más importante" en este caso es que a De Juana "le habían concedido en la época del Gobierno anterior unos beneficios penitenciarios" que la Fiscalía consideró "abusivos, que se extendían a 175 días por escribir un libro, más 175 días por unos cursos" que, a su juicio, eran "irrelevantes".
Al ser preguntado por quién era el responsable de conceder estas redenciones, el fiscal general respondió: "La misma que ha tomado la decisión ahora de aplicar el segundo grado, es decir, Instituciones Penitenciarias, porque la decisión de aplicar el segundo grado la toma la Dirección General de Instituciones Penitenciarias".
Con posterioridad a ser adoptada la decisión, el juez de Vigilancia Penitenciaria la aprueba", igual que ahora ha aprobado el segundo grado". "El proceso es el mismo. Si la decisión actual se le puede achacar al gobierno, la decisión anterior también es achacable al gobierno", apostilló.
Precisó que cuando se estudiaba el cumplimiento de la condena, la Fiscalía revisó las redenciones extraordinarias concedidas por el anterior Gobierno y se consideraron "abusivas" y consiguió de los tribunales que fueran anuladas, lo que hizo que el cómputo del "cumplimiento de la condena se hiciera de acuerdo con la legalidad, y se demorase durante un cierto tiempo" su excarcelación.
En ese tiempo, recordó el fiscal general, De Juana escribió unos artículos que la Fiscalía consideró "que incluían amenazas", Y el Tribunal Supremo le "ha dado la razón". Insistió en que fue "la Fiscalía, la que inició un nuevo proceso para que fuesen condenadas esas amenazas, con una calificación inicialmente provisional", a su juicio, "desproporcionada", por lo que dio "instrucciones para que se adaptase al verdadero contenido jurídico de los artículos".
Agregó que la Audiencia en su condena de 12 años y 7 meses de cárcel acogió la primera petición fiscal y el Supremo, al rebajarla a 3, la planteada como alternativa. "El Supremo ha establecido una jurisprudencia que me parece absolutamente correcta" en este caso, indicó.
INSTRUMENTO POLÍTICO DE CRISPACIÓN.
Al serle solicitada una valoración sobre la medida adoptada para De Juana, el fiscal general respondió: "Las valoraciones serán políticas, si se pretende utilizar la política penitenciaria como un instrumento para crear crispación en la vida política. Eso forma parte del ámbito de la política. Yo le hablo desde el punto de vista de la justicia y el juez ha aprobado la medida y por tanto es absolutamente legal".
En este sentido, explicó que "la politización en los tribunales" se debe a que "se ha seleccionado el campo de la Justicia" para llevar "a cabo el debate político". Añadió que "lo único que hay que mirar es quién plantea en el debate político cuestiones que realmente son cuestiones propias de los tribunales".
"Como fiscal general no me voy a cansar nunca de solicitar que los temas de la Justicia, incluidas las decisiones del Ministerio Fiscal, que funciona con imparcialidad, no se politicen. Es decir, que los políticos dejen que los tribunales y el fiscal hagan su trabajo, que es muy difícil. Con eso se despolitiza todo. Todo aquel político que se dedique a comentar las decisiones judiciales o las decisiones del fiscal o que quiera desde el Gobierno, o desde la oposición, decirle al fiscal lo que tiene que hacer, creo que está politizando la cuestión", indicó.
CGPJ EN "SITUACIÓN ANÓMALA".
En opinión de Conde-Pumpido, el ministro de Justicia no criticó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando dijo que no tenía legitimidad, sino que "ha puesto en la agenda" la necesidad de renovarlo, porque se encuentra en "una situación anómala". No obstante, recordó el propio Consejo "ha hecho un escrito muy correcto saludando al ministro y ofreciéndole su colaboración"
"Indudablemente tiene que haber un acuerdo entre las fuerzas políticas y estoy seguro de que, de manera responsable, los líderes de las fuerzas políticas están haciendo un esfuerzo para que en el plazo más breve posible se soluciones una situación que indudablemente es anómala", aseveró.
Explicó que Mariano Fernández Bermejo expresó que "un órgano que dirige un Poder del Estado", cuyo mandato fija la propia Constitución, cuando termina el plazo marcado, "indudablemente se encuentra en una situación que no es la misma que mientras está actuando".
"El CGPJ ha sido elegido por cinco años, y terminados -señaló-, es lógico que todos hagamos un esfuerzo para que entre un nuevo Consejo, que actuará durante un plazo determinado. Ese problema creo que el ministro lo ha puesto en la agenda, lo ha señalado, y el Consejo, el Parlamento, el Consejo de Ministros, seguro que colaborarán para que se proceda a la renovación en el plazo más breve posible."
Respecto a cuánto sería el límite máximo en que podría estar en funciones, el fiscal general respondió que "el límite está en la prudencia y en la sensatez de los propios responsables de que la renovación se produzca".
EL TC RESOLVERÁ ASUNTOS "INCOMPLETO".
En cuanto a la recusación del magistrado del Tribunal Constitucional Pablo Pérez Tremps que le aparta de la resolución del recurso contra el Estatuto de Cataluña, Conde-Pumpido indicó que el alto tribunal "va a tener que resolver problemas de enorme trascendencia incompleto, lo cual es una situación no deseable, porque puede alterar una composición muy equilibrada por su propia constitución".
En este sentido, explicó que el TC "por su propia naturaleza tiene una constitución por la que no pueden ser sustituidos sus miembros y en la medida" en que no pueden ser reemplazados, asuntos de gran trascendencia como el Estatuto de Cataluña serán resueltos por "un tribunal distinto al previsto por la Constitución".
Dicha resolución, a su juicio, tendrá "una enorme influencia política en la integración del estado autonómico y además afecta a una decisión adoptada por el Parlamento catalán y el español y respaldada en referéndum. Y esa decisión para que estuviese suficientemente respaldada era conveniente que la tomase el tribunal completo".
