3 de agosto de 2020
18 de febrero de 2009

Jueces.- Un 55,8% de los jueces y magistrados de la Comunidad de Madrid secundan la huelga

El paro de 120 de los 162 jueces de los Juzgados de Plaza de Castilla paraliza la principal sede judicial de la capital

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un 55,8 por ciento de los jueces y magistrados de la Comunidad de Madrid secundaron hoy la primera huelga convocada a nivel nacional por la Judicatura española para exigir al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mejoras estructurales en la Administración de Justicia y frenar el deterioro de los tribunales madrileños, según los datos aportados por el Comité Nacional de Huelga.

En concreto, un total de 279 jueces y magistrados de los 500 que operan en la región, en los órganos unipersonales y colegiados como la Audiencia Provincial de Madrid, ejercieron su derecho a huelga. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial cifró en un 44,4 por ciento el seguimiento en la región, secundando la huelga 222 jueces y magistrados.

La Comunidad de Madrid se situó entre las autonomías que más han avalado la convocatoria, por detrás de Cataluña con el respaldo de 281 jueces. Los únicos que se mantuvieron al margEn han sido los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y los jueces de Aranjuez, Arganda del Rey y Leganés.

En la capital, la huelga se hizo sentir en los Juzgados ordinarios de Plaza de Castilla, donde funcionarios de la Administración de Justicia y abogados del turno de Oficio escenificaron su apoyo en una concentración a las puertas de esta sede judicial. Un total de 120 de los 162 jueces que instruyen en estos juzgados respaldaron la convocatoria, paralizando la actividad de los 76 Juzgados de Instrucción y los 86 de Primera Instancia. La imagen de las habituales colas que se forman a la entrada de estos juzgados cada día fueron sustituidas hoy por una multitud de medios de comunicación que se agolparon a las puertas de la principal sede judicial de la capital.

En la junta de jueces celebrada el pasado 21 de enero, un total de 203 jueces de los órganos unipersonales respaldaron la convocatoria de huelga promovida por jueces de Extremadura, Murcia y Zamora. El pasado sábado, las asociaciones judiciales que apoyan el paro acordaron el establecimiento de unos servicios mínimos ante la negativa del Consejo General del Poder Judicial de establecerlos por su rechazo a la huelga.

"NO HA CONDICIONES" DE NEGOCIACIÓN

Tras la Asamblea celebrada esta mañana, el juez decano de Madrid, José Luis Armengol, celebró el éxito de la convocatoria al plasmar "la unidad" de todos los compañeros. Recalcó que las principales demandas se centran en un incremento del presupuesto de un 3,5 por ciento en cinco años; la equiparación del ratio de jueces a la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes y controlar la agenda de señalamientos de las víctimas, pues no quieren que pase a manos del Ministerio de Justicia a través de los secretarios judiciales.

"La huelga refleja la situación de hartazgo que ha surgido a través de la espoleta de las declaraciones de los políticos y porque estamos hartos de soportar la mayor carga de trabajo de toda Europa", manifestó el decano, quien recordó que el plan de actuaciones proseguirá en abril con una concentración. Si las negociaciones no llegan a buen término, los jueces de toda España volverán a secundar una jornada de huelga, marcada para el 26 de junio.

Armengol insistió en que "en el momento actual no hay condiciones para que haya una negociación y si la hubiera, sería infructuosa". Además, defendió el derecho a la huelga de los jueces en un país democrático como España. "La huelga para un filo jurista es un derecho legal, no hay ningún tipo de prohibición expresa. Donde no está prohibido un derecho fundamental, se puede ejercitar", dijo, recordando que en Francia, Italia y Portugal los magistrados han llevado a cabo movilizaciones similares.

Sobre la posibilidad de que se pueda sancionar a los jueces que hayan hecho huelga, Armengol estimó que el Consejo General del Poder Judicial "no tiene capacidad jurídica para imponer sanciones".

"Puedo garantizar que no habrá sanciones y si existen, se impugnarán", manifestó, al tiempo que criticó que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, haya dado orden a los secretarios judiciales para registrar a los jueces que hoy no han señalado juicio. Una orden que Armengol tachó de innecesaria a la vista de que ellos mismos proporcionarán al Ministerio, a través del Tribunal Superior de Justicia, los datos de la huelga. "Intentan amedrentar y establecer la figura del guardián a los secretarios judiciales", reprochó.

CONSECUENCIAS.

Los jueces que secunden la huelga podrán sufrir las consecuencias de su decisión en dos ámbitos diferentes: el disciplinario (pues la no asistencia a un señalamiento podría ser motivo de expediente por falta grave, según la Ley Orgánica del Poder Judicial), y el retributivo, pues se les podría descontar del sueldo el día de no asistencia injustificada a su puesto de trabajo.

No obstante, diferentes fuentes consultadas advirtieron hoy de la dificultad de contabilizar a los huelguistas si éstos no se identifican como tales, puesto que en muchos órganos judiciales (con excepción quizá de los de Instrucción Penal), los jueces no asisten a diario a sus despachos, ya que tienen días previstos para vistas y el resto pueden deliberar y redactar sentencias desde su domicilio.

Además, es probable que los magistrados, que tienen aún la competencia de señalamientos, no hayan señalado actos para mañana en previsión de la jornada de protestas.

Con motivo del 'caso Mari Luz', que evidenció la precariedad en la que trabajan los jueces, la Judicatura se movilizó a través de sus canales internos en Internet para escenificar su desazón en una jornada de huelga.

Con el respaldo a la huelga, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente se distanciaron de la propuesta consensuada el pasado 12 de enero con el resto de asociaciones (la Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia), que pasa por realizar meras concentraciones el día 18 a la puerta de los juzgados y una posible huelga para el 26 de junio.

Pese a firmar dicho acuerdo, días más tarde las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente presentaron ante el órgano de gobierno de los jueves una convocatoria formal de huelga, desmarcándose de sus compañeros.

PRECARIEDAD Y COLAPSO

Las demandas de la Judicatura pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.

Los jueces reclaman un incremento presupuestario de un 3,5 por ciento, un ratio de jueces como el de la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes, y controlar la agenda de señalamientos ante la previsión de la Oficina Judicial de dar esta potestad a los secretarios judiciales.

Sobre el incremento de la plantilla, estiman que se necesita un plazo de cinco años para que se creen 1.200 plazas judiciales --ahora hay 4.400, con jueces profesionales-- con miras a afrontar el exceso de trabajo que asumen los magistrados de la capital.