JpD, FV y FJI se desmarcan por el momento de la huelga del 8 de octubre mientras las juntas van sumándose a la iniciativa de APM
MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, se reunirá hoy con las cuatro asociaciones judiciales para explicarles el Plan de Modernización aprobado el pasado día 18 por el Consejo de Ministros y que contempla un gasto de 600 millones de euros para los próximos tres años. La reunión se celebra apenas unos días antes de la convocatoria de huelga que la agrupación mayoritaria, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha fijado para el próximo 8 de octubre.
Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria (FV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) se han desmarcado por el momento de la convocatoria si bien, con excepción de la primera, no realizarán un pronunciamiento al respecto hasta que no terminen de consultar sobre ello a sus bases en los diferentes territorios.
Por contra, la iniciativa auspiciada por APM va recogiendo apoyos en las juntas de jueces que se vienen celebrando desde mediados de la pasada semana en distintas provincias españolas. A favor de secundar la huelga ya se han pronunciado las asambleas celebradas en los juzgados de Córdoba, Ciudad Real, Toledo, A Coruña, Alicante y Valencia, a las que se podrían unir más provincias cuyas juntas han sido convocadas para los próximos días.
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Gimeno, señaló a Europa Press que el Secretariado de esta asociación se ha pronunciado en contra de la huelga, si bien quieren oír a los asociados en los diferentes territorios antes de pronunciarse formalmente al respecto, lo que podrá ocurrir hoy, tras la reunión en el Ministerio de Justicia.
COMPROMISO.
En relación con el Plan Estratégico, Gimeno señaló que, si bien no puede decirse que sea "la maravilla", hay que reconocer que, por primera vez en muchos años los jueces han encontrado "no sólo palabras, sino también compromiso y plazos" así como un esfuerzo a tener en cuenta "en plena crisis económica".
Por ello, Gimeno cree que a día de hoy no existe legitimidad para buscar un enfrentamiento tan grave como el que supone una huelga en la Carrera Judicial.
Por parte del FJI, su portavoz, Conrado Gallardo, explicó a Europa Press que la dirección de esta asociación decidió ayer celebrar una "asamblea telemática" entre sus asociados para conocer su opinión al respecto, cuyo resultado darán a conocer el próximo 1 de octubre.
Respecto de la iniciativa de APM, Gallardo criticó que la asociación mayoritaria haya actuado "por su cuenta", sin buscar el acuerdo previo entre todas las asociaciones, fijando una fecha que a su juicio es precipitada porque no da tiempo para un análisis detenido del Plan Estratégico aprobado por el Gobierno.
CRITICAS DE LA APM.
El pasado miércoles, la Asociación Profesional de la Magistratura hizo calificó de "fogonazo" el plan de modernización de la Justicia aprobado por el Consejo de Ministros y reclamó la firma de "un verdadero Pacto de Estado" en esta materia que asegure "la culminación de la reforma" de la Administración judicial, "aun cuando el proyecto ocupe varias legislaturas".
Según la APM, el ofrecimiento del Gobierno, que incluye una inversión de 600 millones de euros en tres años, "puede parecer en principio positivo", aunque "no es sino un fogonazo adecuado para eliminar instantáneamente las sombras que amenazan la coyuntura política, pero absolutamente incapaz de alumbrar la desesperación ciudadana y judicial que llevó al actual proceso reivindicativo".
El informe denuncia la "perenne deslealtad política" de los responsables de Justicia y califica de "inadmisible" que "en un sistema de división de poderes el Ejecutivo acorrale al Judicial hasta forzarle a aquietarse con la imposibilidad práctica de cumplir adecuadamente su función constitucional o tener que suspender su funcionamiento y trabajo para exteriorizar una protesta, emulando una actuación de negociación colectiva que no es en absoluto razonable cuando es la tutela judicial la que se ve afectada".
Por todo ello, la asociación pide a jueces y magistrados que se sumen a una jornada de protesta del 8 de octubre para "impedir la bendición de unos parches que no alterarán el estado actual de las cosas", al tiempo que reclama a quienes tengan "las funciones gubernativas precisas" que convoquen "reuniones de debate" durante la presente semana para resolver el conflicto.
