Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria aseguran que tienen el derecho a huelga y que se atenderán los casos urgentes
MURCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
Representantes regionales de las cuatro asociaciones judiciales --Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente-- acordaron ayer la celebración de una concentración para hoy, a las 12.00 horas, a las Puertas del Palacio de Justicia de Murcia, al objeto de "leer las justas reivindicaciones de los jueces". Así lo anunció Andrés Montalbán, de Jueces para la Democracia, quien garantizó, al mismo tiempo, que los servicios mínimos, que se cumplirán, serán "amplísimos".
Tras mantener estas cuatro asociaciones un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Juan Martínez Moya, al objeto de abordar la convocatoria de jornada de huelga prevista para hoy, Montalbán subrayó que se llegó también al acuerdo de que "los jueces que utilicen su derecho a huelga lo utilizarán y los que no" no harán uso del mismo.
Sobre el funcionamiento de esta protesta, precisó que "cada juez va a comunicar al Comité de Huelga y al presidente del TSJ si hacen huelga", por lo que "será una comunicación directa", al tiempo que insistió en que los servicios mínimos, establecidos por el propio Comité de huelga, se cumplirán y de una forma "amplísima".
Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Pilar Alonso advirtió que tales servicios son tan amplios que "cada magistrado atenderá aquellas diligencias de carácter urgente que se presenten, no sustituyendo nadie a nadie".
Preguntado por la repercusión de esta huelga, la primera de este colectivo en la historia convocada por jueces y magistrados de la práctica totalidad de órganos judiciales de toda España en demanda de mejoras estructurales en la Administración de Justicia, Montalbán puso de manifiesto que la huelga sólo es de un día; razón por la que consideró que en ese tiempo "no se retrasa nada, de forma definitiva".
"Cada juez y cada magistrado atenderá sus propios servicios mínimos", de manera que "no se van a sustituir unos jueces a otros", recalcó, tras lo que añadió que se atenderán los casos considerados urgentes, y que va por jurisdicciones. En el campo penal, por ejemplo, se consideran urgentes "todos aquellos en los que estén involucrados las causas con presos, medidas de alejamiento y medidas cautelares", entre otros.
En este punto coincidió Alonso, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, quien afirmó que de lo que se trata es que "la repercusión sea mínima", por lo que los servicios mínimos "son máximos en el sentido de que cualquier tipo de urgencia se atenderá".
DERECHO A HUELGA
Igualmente, desde Jueces para la Democracia, Montalbán defendió el derecho a la huelga. "Aquí somos jueces y sabemos perfectamente; si no se tiene derecho de huelga se sabe", aunque también "se sabe si la ley te lo ha limitado y eventualmente, no nos está limitado" tal derecho; por lo que "creemos que justamente lo tenemos".
Alonso, por su parte, puso de manifiesto que tal derecho "está recogido en la Constitución y de hecho, tampoco el Consejo se ha pronunciado en el sentido de que no cabe". Añadió, por ello, que "la interpretación que se mantiene por todas las asociaciones es que sí tenemos el derecho a la huelga sin perjuicio de que haya habido algunas asociaciones que consideren que era preferible posponerlo --26 de junio--".
Continuó argumentando que "la interpretación de todas las asociaciones es que con amparo en la Constitución, tenemos ese derecho y el ejercicio es muy responsable por quien lo haga".
En términos globales, Alonso apuntó que "a nivel territorial se vienen manteniendo las mismas posiciones que se han reflejado por los distintos comités ejecutivos en el ámbito nacional". "Realmente el ejercicio del derecho es individual y hay plena libertad, se pertenezca o no a una asociación, para ejercitarlo", sostuvo Alonso, quien puntualizó que Murcia "no tiene una peculiaridad en cuanto al planteamiento asociativo respecto del resto del territorio nacional".
QUE EL IMPACTO "SEA LO MENOS POSIBLE"
El presidente del TSJ de Murcia también compareció ante los medios allí presentes para explicar que el objetivo del encuentro con los representantes regionales de estas cuatro asociaciones judiciales fue "abordar las incidencias de las acciones previstas para mañana y tomar conocimiento, de primera mano, para constatar que el impacto que pueda tener el seguimiento o no de ese paro por parte de cada juez individualmente sea lo menos posible en el normal funcionamiento de los órganos judiciales de la Región".
Así, resaltó que "la dimensión de este conflicto es nacional y no de cada comunidad; sino que son todos los jueces de España y afecta a la carrera judicial española".
Martínez Moya transmitió un mensaje de "serenidad y confianza" en lo que se refiere a la "responsabilidad de los jueces y magistrados de Murcia". De hecho, dijo que ayer les remitió una comunicación individual dirigida a cada juez y magistrado de los 134 que componen la planta judicial en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que "recabemos esos datos y el día de mañana valorar la situación".
Por el Palacio de Justicia se pudieron observar carteles informativos en donde se anuncia la huelga de jueces y magistrados prevista para hoy y 'Por la Administración de la Justicia', 'Por la mejora del servicio público' y 'Por los ciudadanos'.
En el caso de la Región, la asociación mayoritaria es la Asociación Profesional de la Magistratura, seguida de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia. El "más pequeño", según Montalbán, es el Foro Judicial Independiente.
La Asamblea de Jueces de la Región de Murcia acordó el pasado 28 de enero, por mayoría de 76 votos a favor, 12 en contra y cinco abstenciones, continuar con la convocatoria de huelga establecida para mañana.
Los jueces y magistrados de Murcia critican "las graves carencias estructurales que presenta la Administración de Justicia en la Región, especialmente la falta de medios personales y materiales, la sobrecarga de trabajo, la falta de modernización y la defectuosa gestión de los recursos existentes.
