ALICANTE, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Elche (Alicante), en funciones de guardia, acordó a primera hora de esta tarde el traslado a Madrid de los seis directivos de la empresa Riviera Invest, quienes deberán prestar declaración el lunes ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, órgano competente para la investigación de la causa abierta por delito de estafa, según informaron en un comunicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Los seis detenidos comparecieron esta mañana ante la magistrada de Elche, quien acordó la prórroga de la situación de detención de todos ellos hasta el próximo lunes para que sea el magistrado de la Audiencia Nacional encargado del caso quien se pronuncie sobre su situación personal.
Afectados por la presunta estafa millonaria de la inmobiliaria Riviera Invest se concentraron hoy frente a las puertas del Palacio de Justicia de Elche con pancartas en las que exigían la devolución de su dinero y que se respeten sus derechos, así como que los directivos de la inmobiliaria vayan a prisión.
Las detenciones de estos seis directivos tuvieron lugar el miércoles en el aeropuerto de 'El Altet' de Alicante cuando éstos pretendían abandonar España a bordo de un jet privado con destino a la ciudad marroquí de Casablanca. La Policía calcula que podrían haber estafado hasta 60 millones de euros y estima que hay centenares de personas perjudicadas entre clientes, proveedores y constructores.
La investigación que culminó con las detenciones se inició tras la denuncia presentada por parte de la asociación de afectados del citado grupo empresarial sobre las maniobras fraudulentas de este grupo en la promoción, venta y explotación de habitaciones ubicadas en distintos complejos residenciales situados en Alicante, Murcia, Granada y Málaga, estos últimos vendidos a los clientes sobre plano.
Los directivos de la inmobiliaria ofrecían un producto atractivo al pequeño ahorrador, una inversión mixta de carácter inmobiliario y financiero, que luego les permitía recaudar un elevado volumen de dinero de pequeños inversores.
De este modo, ofrecían al inversor una rentabilidad garantizada del 6% sobre el precio de compra de las habitaciones durante 10 años, lo que les permitía ingresar una importante cantidad de efectivo y, además, desembolsaban un volumen muy reducido de dinero.
Al parecer los primeros inversores consiguieron escriturar los inmuebles y cobrar las rentabilidades prometidas hasta abril del presente año. No obstante, el resto se vio perjudicado ante una supuesta situación de quiebra del grupo, que ha presentado un concurso voluntario de acreedores el pasado mes de julio.
ESTAFA MILLONARIA
A pesar de haber vendido habitaciones en distintas provincias, tan solo habían construido en Alicante, ya que los proyectos de Murcia, Granada y Málaga resultaron frustrados a pesar haber vendido sobre plano a varios clientes. Los contratos fueron resueltos por la mercantil, que entregaron pagarés sin fondos o cambiaron el producto por otro en el complejo residencial de Alicante, en condiciones más gravosas para los compradores.
Además, en los contratos de compraventa de habitaciones del proyecto de Murcia se estipulaba que la promotora era propietaria de los terrenos donde se iba a construir el inmueble proyectado. Sin embargo, el único título que ostentaban sobre dichas fincas era una opción de compra o derecho de reserva supeditado a la reparcelación de los terrenos por el ayuntamiento.
A lo largo de la investigación, los agentes pudieron corroborar las falsedades denunciadas sobre la validez de las garantías bancarias emitidas para afianzar las cantidades adelantadas por los clientes, y respecto al pago de la rentabilidad pactada por la explotación de las habitaciones adquiridas.
Se estima que el número de perjudicados asciende a varios centenares de personas, además de los numerosos impagados que el grupo mantiene con diversos proveedores y constructores. El perjuicio económico se calcula en cerca de 60 millones euros.
Durante los registros practicados en el marco de esta operación en la sede de las oficinas que la corporación tiene en Alicante, los agentes se han incautado de numerosa documentación contractual, mercantil y de otra naturaleza que será analizada por los investigadores. También se ha procedido al bloqueo de las cuentas que poseía el holding en distintas entidades financieras.
