MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, comenzará hoy a tomar declaración a varios testigos protegidos en relación con la causa en la que investiga el genocidio en la década de los 90 de más de 4 millones de ruandeses, que "fueron asesinados o desaparecieron en el marco de un plan de exterminio por razones étnicas y políticas".
El juez ha interrogado hasta el momento a 22 testigos que, en la actualidad, viven en su mayoría en Europa. "Casi todos han cambiado su identidad pero no han perdido la memoria", aseguraba el magistrado en el último auto relativo a la masacre. Los testimonios que recabará a partir de mañana proceden de antiguos cargos militares o gubernamentales a las órdenes del presidente ruandés Paul Kagame.
El magistrado procesó el pasado mes de febrero a 40 militares del Gobierno ruandés por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo. Andreu acusa a los procesados, contra los que ha dictado órdenes de detención internacional, de tomar el poder por la fuerza e instaurar un régimen de terror en el país realizando horrendos crímenes contra la población civil.
Kagame no fue procesado porque como jefe de Estado tiene inmunidad de jurisdicción y de ejecución. A pesar de ello, el magistrado destacó en su auto que existen "indicios racionales de criminalidad" en su contra como responsable del Ejército ruandés. El principal testimonio que le incrimina fue aportado por un testigo que integraba un grupo de 11 militares encargados de la protección del presidente.
El testigo relató cómo, el propio Kagame, ametralló a entre 30 y 40 civiles después de que alguien advirtiera por radio de que un grupo de personas que circulaban por una carretera podían ser paramilitares. El actual presidente ruandés bajó del vehículo en el que viajaba y "sin mediar palabra" disparó una ráfaga que mató a las citadas personas.
En su auto de procesamiento, el juez describía el plan de exterminio ruandés. Esta estrategia culminó con la invasión y conquista de la República Democrática del Congo, donde en la actualidad se están produciendo enfrentamientos entre los rebeldes tutsi de Laurent Nkunda y las fuerzas gubernamentales, que han provocado miles de desplazados.
Las víctimas --decía el magistrado en su auto-- eran su mayoría refugiados hutus ruandeses y población civil congoleña, también la misma etnia.
NUEVE ESPAÑOLES ENTRE LAS VÍCTIMAS
Entre las víctimas del genocidio se encuentran nueve españoles, fallecidos en las matanzas que se prolongaron desde 1994 hasta el año 2000. Sus muertes se produjeron en campos de refugiados, donde trabajaban y denunciaban los abusos sufrían los desplazados de guerra, especifica el auto. Seis de las víctimas eran religiosos y el resto trabajaba para la ONG Médicos del Mundo. Todos ellos murieron a manos de miembros de la organización político/militar APR/FPR.
El juez describía el caso del misionero Joaquín Vallmajó que había denunciado por escrito que los tutsi, etnia dominante, habían iniciado "una campaña mundial de desinformación para hacer creer que los asesinos son las víctimas y las víctimas los asesinos". Un día antes de su desaparición fue interceptado en un control militar donde le advirtieron "que pagaría por ello".
Andreu describía, además, como "espeluznante" la muerte del padre Servando García y otros tres religiosos maristas que se encargaban en un campo de refugiados financiado por ACNUR de ofrecer enseñanza primaria a 5.000 niños congoleños. Una vez retirada la ayuda económica por parte del Alto Comisionado --con objeto de que los refugiados comenzaran a regresar a su país-- los misioneros permanecieron junto a los refugiados "a pesar de que los rebeldes militares se acercaban y que ya no había comida en el campo".
El padre Servando pidió ayuda a través de la Cadena Cope en octubre de 1996. Diez días más tarde los cuerpos sin vida de los cuatro maristas aparecieron junto a su casa. "Habían sido torturados, tenían impactos de bala y machetazos", indicaba el juez.
Los rebeldes del APR también asesinaron a tres civiles españoles, miembros de Médicos del Mundo, que distribuían medicamentos en las localidades vecinas a la localidad de Mugunga. Fueron testigos de más de 50 muertes y descubrieron una fosa común con cientos de cadáveres. "Los rebeldes militares sabían ya que los cooperantes habían sido testigos incómodos --decía el magistrado-- días más tarde unos 10 hombres armados irrumpieron en su residencia". Recibieron una ráfaga de disparos que les causó la muerte.
Andreu añadía que, según las declaraciones de testigos protegidos, se puede deducir que para asesinar a personas de raza blanca "era necesaria una orden de los altos cargos militares". En el caso de la muerte de los cooperantes, el asesinato se decidió en una reunión en la que participó una persona que ahora ha declarado bajo protección.
