MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, decretó esta noche el ingreso en prisión incondicional por los delitos de incendio, coacciones, amenazas terroristas, atentado y/o desórdenes públicos de dos de los cinco detenidos ayer por su presunta participación en los disturbios del pasado día 10 en Bilbao en los que se roció con gasolina y un spray a dos policías municipales para intentar prenderles fuego, informaron fuentes jurídicas.
La juez ha hecho suya la petición realizada por el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo y ha enviado a prisión a Mikel Ruiz y Aritz Díaz de Durana (arrestados ambos en Vitoria), por los delitos de incendio, coacciones, amenazas terroristas, atentado y/o desórdenes públicos. Carballo justificó en su informe la necesidad de acordar esta medida en el riesgo de fuga y para evitar la reiteración delictiva.
A los otros tres arrestados la juez les impuso prisión eludible con fianza, de 10.000 euros en el caso de Eneko Elola y Aritz López, detenidos, respectivamente, en Apegia y Tolosa, y de 7.000, para la arrestada en Vitoria, Olatz Urbina. A todos ellos se les considera autores de los citados delitos.
Las fuentes consultadas indicaron que durante los interrogatorios de la magistrada todos ellos han negado su participación en los disturbios que se produjeron en el casco viejo de Bilbao y, por supuesto, formar parte del grupo de violentos que roció con gasolina a uno de los policías municipales.
No obstante, el fiscal Carballo pidió las medidas cautelares finalmente acordadas por la juez, al considerar acreditado que, con mayor o menor implicación, participaron en los disturbios y en el ataque a los policías municipales, así como que huyeron cuando la Policía trató de impedir las acciones violentas.
Los interrogatorios y las vistillas del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se prolongaron desde las 14.00 hasta las 21.15 horas.
PETICIÓN DEL LUNES
Las detenciones se produjeron ayer por orden del juez Central de Instrucción número 6, Juan del Olmo, que se encontraba de guardia en la Audiencia Nacional cuando se produjeron los altercados. La Ertzaintza solicitó el lunes pasado al magistrado la realización de varios registros, a pesar de que a los primeros detenidos los puso a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, quien se terminó inhibiendo a favor de la Audiencia Nacional en un auto en el que criticaba a la Policía autonómica vasca por no incluir todos los hechos en el atestado que le fue remitido.
Ante el Juzgado de Instrucción de Bilbao compareció el joven de 18 años de edad detenido tras los incidentes que se produjeron cuando la Policía disolvió una manifestación no autorizada de la organización juvenil abertzale Segi, que está ilegalizada judicialmente. El juez decretó para él prisión eludible bajo fianza de 6.000 euros, por lo que quedó en libertad tras hacerla efectiva.
El atestado policial lo relacionaba con los altercados no con el ataque a los policías municipales. De hecho, en su resolución, el magistrado pide que se deduzca testimonio contra la Ertzaintza por la comisión de los delitos de falsedad de documento público y contra la Administración de Justicia, por "impedir" la persecución de delitos y ocultación de datos.
Tras inhibirse dicho Juzgado a favor de la Audiencia Nacional, el detenido quedará a disposición de Juan del Olmo, que podría llamarle a declarar o modificar la medida cautelar que le impuso el juez de Bilbao, en función de los indicios que encuentre que los vincule con la agresión policial. Junto a él fue detenido un menor de edad, de 17 años, que ingresó en el centro de menores de Zumarraga.
QUERELLA
Mientras la causa era instruida por el juez de Bilbao, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó una querella, aún no admitida a trámite, para pedir que la Audiencia Nacional se encargara de la investigación.
La querella correspondió a Juan del Olmo por estar de guardia cuando se produjeron los hechos. El magistrado dio traslado al fiscal para que informara sobre si debía o no ser admitida a trámite, lo que aún no se ha producido. El presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, la ratificó hoy ante la magistrada que sustituye a Del Olmo, quien no ha podido asistir a las declaraciones por encontrarse de viaje.
