Entre los investigados están Vidal, Salvadó, Viver, Jové y Josue Sallent, situado por Junqueras en el CTTI
MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha dictado un nuevo auto en el que se reafirma en su autorización para que la Guardia Civil acceda al fichero de titularidades financieras del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) al objeto de rastrear las cuentas y productos financieros de 26 personas por los "indicios de su directa intervención en la preparación, desarrollo y ejecución del referéndum del 1 de octubre".
En un escrito con fecha de 8 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez argumenta y concreta su petición de 16 de enero tras los recursos planteados por las defensas, a los que se adhirió la Fiscalía, al entender que se tenía que motivar en un escrito las diligencias a practicar en el SEPBLAC.
El director de estrategia e innovación del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), Josué Sallent, había presentado un recurso contra la decisión del juez Ramírez Sunyer, a la que se unieron otros investigados como Josep María Jové, el número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía y Hacienda y considerado por la Guardia Civil como 'cerebro' de los preparativos y ejecución del 1-O.
El juez desoye esta petición y argumenta en un nuevo auto, que no es recurrible, que procede que la Unidad de Policía Judicial de la VII Zona de Cataluña de la Guardia Civil acceda al fichero del SEPBLAC "con la finalidad de conocer cuentas bancarias, cuentas de valores y otros productos bancarios de las personas físicas y jurídicas relacionadas con actividades para la preparación y ejecución del referéndum del 1 de octubre de 2017".
Además de los querellados inicialmente, Santiago Vidal, Lluis Salvadó y Carles Viver Pi i Sunyer, el juez del 13 de Barcelona sostiene que se debe investigar a otras 23 personas por la "existencia de indicios sobre su directa intervención en la preparación, desarrollo y ejecución del 'referéndum", palabra esta última que entrecomilla.
Estas otras 23 personas son: Rosa Maria Rodriguez Curtó, Josue Sallent Ribes, Francesc Sutrias Grau, Josep Maria Jové Lladó, Xavier Puig Farre, David Palanques Bonavia, David Franco Sanchez, Joan Angulo Arrese, Natalia Garriga Ibañez, Pau Furriol Fornells, Mercedes Martinez Martos, Jordi Cabrafiga Macias, Lluis Domingo Anaya Torres, Valentín Arroyo Peña, Jose Maria Reig Sevilla, Antonio Vargas Castillo, Josep Ginesta Vicente, Enric Ocaña Rodriguez, Eduard Vila Marhuenda, Andreu Palacin Ciprian, Joan Manel Gomez Sanz, Josep Masoliver Puig y Joan Ignasi Sánchez Santin.
NECESARIO ABRIR NUEVAS INVESTIGACIONES
El juez considera que "resulta necesario abrir nuevas líneas de investigación sobre los flujos monetarios y su destino" habida cuenta de que uno de los delitos es el de malversación de caudales públicos derivado de los gastos que "necesariamente" comportó la planificación, compra de material como urnas, folletos de propaganda, papeletas de votación y documentación remitida a los integrantes de las mesas de votación o campañas publicitarias.
El magistrado asegura que resulta "imposible atribuir" el gasto del 1-O "a financiación ajena a la Generalitat de Catalunya convocante del citado referéndum". "Y más", añade, "a la vista del informe remitido por el Departamento d'Economía i Hisenda que, a requerimiento de este instructor, manifestó que lo le constan gastos para el referéndum".
El juez Ramírez Sunyer detalla las personas a las que se puede investigar en el SEPBLAC, el servicio dependiente del Banco de España para prevenir el blanqueo de capitales y las infracciones monetarias.
El juez instructor de la causa por el 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rechazó el pasado 18 de enero la petición de Vox, personado en el procedimiento como acusación popular, para que requiriera al SEPBLAC toda la información recabada en relación al origen de los fondos manejados por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural para cubrir fianzas judiciales y otros destinos relacionados con el proceso independentista.
