MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, instructor del conocido como 'caso Villarejo' sobre las actividades presuntamente delictivas del comisario jubilado, renunciará a su plaza como magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
De Egea es titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, pero desde mediados de 2017 se encontraba en comisión de servicio como refuerzo en la Audiencia Nacional debido a la sobrecarga de trabajo que ya tenía el titular del juzgado número 6, Manuel García Castellón, por las macrocausas de corrupción Púnica y Lezo.
Así, cuando se incorporó a la Audiencia Nacional, De Egea fue haciéndose cargo de todas las causas nuevas que fueron entrando a este juzgado, una de ellas la 'operación Tándem', que investiga los negocios del comisario jubilado Villarejo por los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, extorsión y revelación de secretos.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debía decidir este mes si renovaba la comisión de servicio de De Egea, pues concluye el próximo día 31, si bien ahora no tendrá que hacerlo, ya que el magistrado ha decidido solicitar que no se amplíe.
Y ello a pesar de que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional dio el visto bueno a finales de octubre a seguir renovando a De Egea en el Juzgado Central de Instrucción número 6, un paso previo necesario a que el CGPJ decida ampliar el periodo de comisión de servicio.
ANTES, DECLARACIÓN DEL CHÓFER DE BÁRCENAS
Se da la circunstancia de que el magistrado terminará el año y su comisión de servicio interrogando a una persona clave en una de las piezas más mediáticas de 'Tándem', la denominada 'Kitchen' en alusión al dispositivo policial que se habría puesto en marcha en 2013 para robar al extesorero del PP Luis Bárcenas información sensible que se habría llevado del partido cuando fue despedido.
Esa persona es Sergio Ríos, el que fuera chófer del extesorero y su familia y al que el operativo policial que supuestamente organizaron Villarejo y otro comisario, Enrique García Castaño, recurrió como confidente y pagó con fondos reservados para hacerse con la documentación. Ríos está citado mañana, miércoles, a las 10.00 para declarar en calidad de investigado para que explique su posible participación en la operación.
Asimismo, el juez De Egea propone su marcha en un momento en el que está estudiando la puesta en libertad previo pago de una fianza de Villarejo con medidas cautelares, que podrían ir del arresto domiciliario a la vigilancia policial 24 horas, como ya hiciera con los socios del comisario jubilado también investigados Enrique García Castaño y Rafael Redondo.
GARCÍA CASTELLÓN, POSIBLE NUEVO INSTRUCTOR
Cuando el magistrado de refuerzo comunique su intención de renunciar a la plaza en la Audiencia Nacional y finalice su periodo de ejercicio, volverá a su plaza en los juzgados de instrucción de Madrid y el 'caso Villarejo' --como otros que aún están en instrucción y de los que se había hecho cargo De Egea-- pasará previsiblemente a manos del titular de Manuel García Castellón, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Debe ser el propio García Castellón el que, al dejar De Egea la Audiencia Nacional, solicite un nuevo magistrado de refuerzo, si así lo considera oportuno, primero ante la Sala de Gobierno del tribunal, que lo comunicaría después al CGPJ para que éste valore la conveniencia de la petición y, en caso afirmativo, sacar la plaza a concurso.
Durante la investigación del 'caso Villarejo' --que comenzó en 2017 y ya acumula ocho piezas, entre ellas la 'operación Kitchen' sobre el operativo policial para robar documentación a Luis Bárcenas--, han sido notorios los desencuentros de De Egea con la Fiscalía Anticorrupción, que ha venido recurriendo decisiones del juez como poner en libertad bajo fianza a los principales socios del comisario, archivar parte de las piezas investigadas --en dos casos el recurso está vivo y pendiente de resolución de la Sala de lo Penal-- o levantar el secreto sobre la principal, poniendo a disposición de las partes la documentación ya analizada que fue intervenida al expolicía.
De hecho, el propio magistrado se ha pronunciado en contra de la labor de los fiscales, la última vez en un auto en el que confirmaba su decisión de archivar la pieza relativa al espionaje de un despacho de abogados y en el que acusaba a Anticorrupción de hacer investigaciones "prospectivas".
Mientras, desde el Ministerio Público se ha venido poniendo en duda en los recursos presentados la precipitación del juez a la hora de adoptar estas decisiones, pues entienden que la gravedad de los delitos investigados justifica con creces tanto la prisión provisional de los socios de Villarejo que han sido puestos en libertad como el mantenimiento del secreto de las actuaciones.
