MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, revocó hoy la imputación por un delito de falsedad documental acordada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra los tres peritos que realizaron un informe que relacionaba ETA con el 11-M, al entender que ni existe delito de falsedad ni "conducta alguna" de manipulación del mismo.
En un auto dictado hoy, la juez Gallego estima el recurso de reforma interpuesto por los peritos Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique contra la imputación acordada por Garzón por haber supuestamente manipulado el informe que relacionaba a los islamistas con ETA a raíz del hallazgo de ácido bórico en un piso franco de ETA y en el domicilio de un procesado en los atentados de Madrid.
Garzón les imputó por haber presentado el 21 de marzo de 2005 un borrador con "carácter de documento interno no oficial" que fue rechazado por su superior directo, Francisco Ramírez, al contener "opiniones subjetivas y faltas de consistencia". Posteriormente, el 11 de julio de este año firmaron el documento y se lo entregaron al jefe de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, José Andradas, "sin advertirle de la alteración que simulaba la fecha de firma y creación de documento".
Por el contrario, la juez mantiene la imputación que pesa sobre los mandos policiales contra quienes se dirige la querella presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. Garzón, que se terminó inhibiendo a favor de los Juzgados de Plaza de Castilla, exculpó a los superiores de los peritos al no hallar indicios de su vinculación en la presunta manipulación del citado informe.
NO HAY DATOS
En los razonamientos jurídicos, la juez Gallego afirma que las diligencias desarrolladas hasta el momento "no ofrecen datos bastantes determinantes" para determinar si los peritos incurrieron en un delito de falsedad documental. De esta menara, rechaza que los peritos alterasen el citado informe, simulando la fecha de firma y creación.
En este sentido, explica que "en modo alguno" supone una alteración que Escribano "extrajera de su archivo informático, imprimiera y firmara, en fecha 11 de Julio, otra copia del informe pericial elaborado el 21 de Marzo de un año antes, manteniendo en el documento, su misma fecha de creación e intacto su contenido y firmándolo también los otros dos peritos autores".
Por esta razón, destaca que Escribano, López Cidad y Manrique "no incidieron ni en su aspecto formal, que permaneció intacto, ni en su contenido ni en su fecha ni, por supuesto, en la relación a la identificación de sus autores". Concluye que no existen indicios de que tuviesen otro propósito que el de recuperar el informe que habían elaborado en marzo de 2005 tras comprobar que no se encontraba en el sobre donde debía estar, lo que, según la juez, trasladaron a Andradas.
ABOGADO DEL ESTADO
La juez de Madrid también se refiere en su auto al recurso de reforma presentado por la Abogacía del Estado contra su decisión de dejar sin efecto su personación en las diligencias, mientras que no justificase "en debida y legal forma" la condición que le correspondería ostentar en estas diligencias.
Matiza que desde la imputación el 29 de septiembre de los peritos hasta que Garzón se inhibió el 5 de octubre de la investigación, la Abogacía del Estado no se personó ante el Juzgado Central de Instrucción número 5, pese a que, según la juez, "ya era conocedora de la imputación" de los tres funcionarios.
Según la juez Gallego, el abogado del Estado presentó su personación tras la inhibición de Garzón, a la que se accedió, "aún cuando estas diligencias ya tenían la condición de secretas para todas las partes, excepto la Fiscalía de Madrid". Por ello, señala que no cabe esgrimir "ninguna" vulneración al secreto de las actuaciones, puestos que "estas consideraciones que se antojan" son ajenas a "la presente resolución".
