MARBELLA (MÁLAGA), 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El juez de instrucción número 5 de Marbella (Málaga), Miguel Ángel Torres, ha impuesto una fianza de 20.000 euros al superintendente de la Policía Local marbellí, Rafael Del Pozo, y le imputa "una serie de delitos" en el caso 'Malaya', según confirmó a la salida del juzgado el propio Del Pozo.
Tras tres horas de declaración, Del Pozo indicó que "no me lo esperaba", en referencia a que el juez le impute una serie de delitos, que no quiso desvelar al asegurar que "no está la cosa como para enfadar aún más al juez".
Por su parte, su abogada, Regina Román, señaló que "no hay ninguna prueba contra él" y descartó que se le acusara de delitos de cohecho y malversación. Así, precisó que se le ha imputado en el transcurso de la declaración y rechazó también pronunciarse sobre qué tipo de cargos se le ha impuesto, al asegurar que "se está investigando el tema de los autos que están en internet porque es delito". Román indicó que se ha depositado la fianza y que su defendido ha estado "muy tranquilo" durante toda la declaración.
Con anterioridad, el juez Torres decretó prisión incondicional para el empresario Rafael Llopis, que fue detenido ayer y que esta mañana prestó declaración.
Tras comparecer ante el juez, Rafael Llopis abandonó los juzgados marbellíes sobre las 15.30 horas, desde donde fue conducido en un coche policial a la prisión provincial, en Alhaurín de la Torre (Málaga).
La Policía Nacional detuvo ayer en el municipio malagueño de Torremolinos a este empresario por un presunto delito de cohecho dentro de la operación 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento marbellí.
Con éste, son 24 los detenidos dentro de la operación 'Malaya', que comenzó el pasado miércoles y se extendió a Madrid y a Murcia. De todos ellos, 12 se encuentran en prisión, mientras que el resto está en libertad con cargos.
Así, están en la cárcel la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe; la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; el asesor municipal de Urbanismo y presunto 'cerebro' de la trama, Juan Antonio Roca; el concejal de Tráfico y Transportes, Victoriano Rodríguez; los empresarios Ismael Pérez Peña y Oscar Benavente Pérez; la presunta testaferro Montserrat Corulla, y cuatro abogados del despacho Sánchez Zubizarreta & Soriano, en Madrid.
Por su parte, el edil de Cultura del Ayuntamiento marbellí, José Jaén, quedó en libertad tras abonar la fianza de 30.000 euros que le impuso el juez; al igual que los empresarios José Luis Alonso Boyer y Julio de Marco, que pagaron las fianzas fijadas de 20.000 y 12.000 euros, respectivamente. Además, se fijó otra de 90.000 euros para el letrado Francisco S.Z. y de 30.000 euros para Miguel P.C.
Asimismo, el juez decretó libertad sin fianza pero con cargos de cohecho y tráfico de influencias contra el empresario Juan Miguel Saavedra y también decidió poner en libertad, aunque con cargos, al secretario municipal del Consistorio marbellí, Leopoldo Barrantes.
De igual modo, el juez Torres puso en libertad, aunque con cargos de blanqueo, a los presuntos testaferros Jaime Hachuel, José Luis Benavente Pérez, Salvador Gardoqui, María Ursula Q.L. y Ernesto Ramón Celdrán.
