MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, Julio Diego López, ha solicitado al fiscal y las acusaciones personadas en las diligencias abiertas en relación con la frustrada concesión de la Medalla de Oro al ex presidente del Gobierno José María Aznar por el Congreso de Estados Unidos que le informen sobre las pruebas a realizar para esclarecer los hechos investigados.
Tras recibir la traducción de unos documentos del despacho estadounidense que gestionó la concesión de la medalla, el juez ha pedido al fiscal y las acusaciones particulares que le informen sobre cuáles son las diligencias que quieren que se practiquen, en virtud del artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que el fiscal y el querellante "podrán en el acto de la vista manifestar lo que creyeren conveniente sobre lo que resulte de los documentos del expediente, y en su caso de las declaraciones de los testigos examinados, concluyendo por pedir la admisión o no admisión de la querella interpuesta".
Este Juzgado, que también investiga una querella contra Aznar por la supuesta sustracción de unos documentos del CNI de los atentados del 11-M, incoó diligencias previas a raíz de una denuncia presentada el 26 de julio de 2005 por el abogado murciano José Luis Mazón y solicitó la traducción al castellano de unos documentos elaborados por el despacho de abogados de Washington contratado para gestionar la concesión de la Medalla de Oro.
En una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el magistrado Diego López ha admitido la personación como acusación particular de los abogados Encarnación Martínez y Mazón, quien solicitará que el ex presidente del Gobierno comparezca como imputado ante el juez para aclarar el presunto desvío de fondos públicos para gestionar la concesión de la citada medalla.
Asimismo, la acusación reclamará también a la Presidencia del Gobierno el expediente íntegro incoado tras el acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2003 de aprobación del gasto de 2,3 millones de euros del dinero público por el procedimiento de imperiosa urgencia para gestionar rúbricas genéricas, que en realidad, según el abogado, "ocultaban pretendida solicitud de concesión de la medalla de oro del Congreso de los EEUU a José Maria Aznar".
PAGO DE 2,3 MILLONES DE EUROS.
En la denuncia, el abogado Mazón sostiene que el ex presidente del Gobierno pagó 2,3 millones de euros con fondos públicos los servicios del despacho de abogados norteamericanos Piper Rudnick, que actuó como lobby para la frustrada concesión de la citada medalla.
El escrito, que cita informaciones periodísticas de la "Cadena Ser" y del diario "El País", afirma que "hubo manipulación de facturas emitidas por los abogados estadounidenses contratados, por el Gobierno del PP en diciembre, para gestionar la concesión" de la citada medalla a Aznar, eliminando por "orden de Aznar o de alguien bajo su dependencia", la referencia a la medalla y a Aznar "para pasar el control de la Intervención General del Estado".
Según Mazón, este gasto, que debería haber sido "personal" o de "su grupo político", fue pagado "con fondos del Presupuesto público". "El Consejo de Ministros no ocultó este acuerdo, no facilitado en la reseña informativa; recurrió al extraordinario procedimiento de 'imperiosa urgencia' y se hicieron omitir las facturas originales enviadas por los abogados estadounidenses y las referencias a la medalla y a Aznar, en prueba de la mala fe con que actuó el anterior presidente y su equipo", decía la denuncia.
Mazón finalizaba su escrito solicitando que se investigaran los hechos denunciados por "elemental higiene pública", pues "de ser veraces como indica la información no desmentida por los afectados", presentan visos de delitos de falsedad y malversación de caudales públicos hacia fines particulares.
