MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu pidió hoy, por vía diplomática, autorización a México para poder extraditar al presunto represor argentino Ricardo Miguel Cavallo a su país de origen para que sea juzgado allí por los delitos de detención ilegal, torturas, extorsión, robo con violencia, intimidación y falsificación documental cometidos durante la dictadura militar del país sudamericano (1976-1983) que se le imputan, informaron fuentes jurídicas.
En el caso de que México, país que extraditó a Cavallo a España en junio de 2003, negara su extradición ahora a Argentina, no sería entregado inmediatamente a su país de origen, sino que se abriría un procedimiento de extradición ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que tendría la última palabra sobre su entrega, indicaron a Europa Press fuentes próximas a su defensa.
Ello a pesar de que Cavallo compareció ayer en el Juzgado Central de Instrucción número 4 y dijo que "sí consiente en ser entregado a las autoridades argentinas en virtud de la solicitud de extradición solicitada". Según el acta de comparecencia, el presunto represor matizó dos aspectos: "que es inocente o no está de acuerdo con los hechos que se le imputan por dichas autoridades" y que "su consentimiento se presta en el marco y dentro de la norma o convenio existente entre España y Argentina".
Como la extradición a Argentina debe ser autorizada por México, según el tratado al respecto firmado entre el país norteamericano y España, el abogado de Cavallo, Fernando Pamos de la Hoz, presentó un escrito en la embajada de México en España en el que informa de que Cavallo muestra conformidad con su extradición a su país de origen, por lo que "no debe, ni puede, existir ningún impedimento en otorgar, caso que fuera necesario" la entrega a Argentina.
Si México autoriza la reextradición, Cavallo sería entregado a las autoridades argentinas por el método de extradición simplificada, ya que ha aceptado su entrega. Argentina le tiene imputado en cinco sumarios por crímenes durante la dictadura argentina.
El pasado día 2, el Consejo de Ministros acordó continuar los trámites para extraditar a Argentina a Cavallo, después de que la Audiencia Nacional declinara su jurisdicción a favor del país en el que se cometieron los hechos que se le imputan, una vez abolidas las leyes de punto final y obediencia debida que permitían la impunidad de estos crímenes.
El 31 de enero Cavallo compareció voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, después de haber sido excarcelado la noche anterior por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de este órgano judicial. El juez decretó su reingreso en prisión.
Cavallo está acusado de formar parte del grupo de personas que durante la dictadura militar cometieron diversos delitos de lesa humanidad en el ámbito de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (E.S.M.A.), donde se produjo la privación de libertad de numerosas personas y su sometimiento a condiciones inhumanas de vida, con torturas psíquicas y físicas.
Ricardo Cavallo fue extraditado a España, desde México, en junio de 2003, a petición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que le investigaba por genocidio y torturas. Pero, a petición de la defensa del propio procesado, la Audiencia Nacional concedió la remisión de la causa a las autoridades jurisdiccionales penales de Argentina, quienes han presentado solicitud formal de extradición.
No obstante, esta decisión se encuentra en la actualidad recurrida ante el Tribunal Supremo por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que considera que España es competente para entender de estos hechos.
El juez argentino Sergio Torres acusa a Cavallo de "imposición de tormentos cometido en forma reiterada y privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones y por haberse cometido con violencia y amenazas", entre otros delitos.
