MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juez Fernando Grande-Marlaska sitúa al responsable de relaciones exteriores del PNV Gorka Agirre como uno más de los intermediarios entre el aparato de extorsión de ETA (GEZI) -desarticulado el pasado 20 de junio- y empresarios afiliados o relacionados con el partido nacionalista. Le acusa, en concreto, de recibir de otros miembros de la red, concretamente de Joseba Imanol Elosua, "tanto los listados de empresarios extorsionados como incluso las cartas de extorsión, negociando posteriormente, llegando incluso a entregar dinero con destino final a las arcas de la banda armada".
Así se señala en el auto dictado por Grande-Marlaska el pasado 28 de junio, en el que acuerda la libertad provisional de Agirre bajo fianza de 30.000 euros tras tomarle declaración en los Juzgados de Bilbao. El juez viajó a la capital vizcaína tras alegar Agirre que no podía acudir a la Audiencia Nacional por estar convaleciente de una intervención quirúrgica.
En su auto, el juez detalla que GEZI está dirigido por miembros "liberados" de la organización terrorista, contando siempre con el auxilio de intermediarios que hacían llegar a los empresarios las remesas de cartas exigiendo el pago del "impuesto revolucionario" y participando posteriormente en mayor o menor medida en su gestión.
El juez incluye a Agirre en un listado junto con otros once supuestos intermediarios de la red de extorsión, algunos de ellos detenidos en la operación policial (Elosua Jean Pierre Haracorene, Ignacio Aristizábal, Emilio Castillo, José Ignacio Elosua, Carmelo Luquin y el fundador de ETA y actual miembro de Aralar Julen Madariaga) y otros no detenidos (Juan Carlos Iriarte, Jesús de la Fuente, Justo Azcúe y Pablo María Muñoz)
Le cita además como uno más de los participantes en la "pluralidad de reuniones" en las que se materializaba la entrega de remesas de cartas de extorsión, la mayor parte de ellas celebradas en el bar Faisán de Irún (Vizcaya), propiedad de Elosua, y en las que, además de éste, participó el integrante "legal" de la red José Luis Cau Aldanur. Todos los encuentros, según el juez, se relacionaban con conversaciones telefónicas previas caracterizadas "por un lenguaje críptico".
FILTRACIÓN
El juez alude en su auto a la filtración de hechos relevantes para la investigación que se dio a conocer a Elosua el pasado 4 de mayo, lo que frustró la operación judicial que ya estaba proyectada. El "chivatazo" se investiga en una pieza separada de la investigación.
No obstante, Grande-Marlaska concreta en este auto que tanto Elosua como su hijo, que compareció ante el juez en calidad de testigo, reconocieron que los datos de los coches policiales sobre los que tenían sospechas se los facilitaba Gorka Agirre, un extremo que el peneuvista negó durante su declaración en los Juzgados de Bilbao.
A este respecto, el magistrado afirma que no puede obviarse el conjunto de conversaciones telefónicas que Agirre mantiene con Elosua, en la que se utiliza una terminología "críptica" para referirse al impuesto revolucionario que no puede confundirse con términos referentes al análisis de la actual situación política, tal y como señaló el dirigente del PNV durante su interrogatorio.
Añade que las conversaciones de Agirre con Elosua son seguidas de otras entre éste último y otros miembros de la red, principalmente Ca Aldanur, en cuyo poder se encontró un recibo del pago a la banda de 54.000 euros por parte de los empresarios navarros Azpiroz y Saralegui, quienes fueron detenidos en relación con esta causa.
EXTORSIÓN A INTXAUSTI
El auto del entonces titular del Jugado Central de Instrucción número 5, quien el pasado viernes fue relevado por Baltasar Garzón, se refiere concretamente a una conversación entre Elosua y Agirre el 23 de junio de 2005 donde se habla de un atentado en la empresa de Construcciones Intxausti de Gernika, "deduciéndose como la gestión del impuesto en esa persona, y por ser militante del PNV, corresponde a Gorka".
Este dato, según Grande-Marlaska, se corresponde con documentación intervenida a ETA, donde se distingue a los objetivos de extorsión por su adscripción política. Otro indicio señala que el detenido Haracorene habló a otro conocido suyo, Pablo Muñoz, de que una de las "vías" para intermediar en la extorsión del empresario navarro J. Marticorena podría ser la de Gorka Agirre.
LLAMADA A ARZALLUZ EN ABRIL
El juez alude igualmente a una conversación mantenida entre Agirre y Arzalluz el pasado 18 abril, donde éste le comenta la reclamación a un amigo suyo de una cantidad aplazada, "a lo que Gorka termina diciendo que se trata de un 'compromiso adquirido'".
El juez desecha las explicaciones sobre la posición política del PNV en relación con los casos de extorsión, manifestadas tanto por Agirre como por Arzalluz -interrogado como testigo en este procedimiento-.
Finalmente, Grande-Marlaska subraya que desde el pasado 3 de mayo (víspera de la filtración), no existe comunicación de ningún tipo entre Elosua y Agirre, cuando los contactos habían sido crecientes en días anteriores "y supuestamente para pulsar el momento político de la tregua".
"Causa sorpresa que reconozca conocer a todas las personas imputadas en esta causa, aludiendo que sus contactos con todos ellos sólo obedecía a pulsar el momento político, y no obstante todos ellos han sido detenidos, aprehendiéndose en su poder los efectos ya consignados en la presente resolución, y además utilice el mismo léxico críptico que ellos", concluye el juez respecto del dirigente del PNV.
