MÁLAGA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha citado a declarar hoy como testigo al juez Miguel Ángel Torres, ex titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), encargado del caso 'Malaya', en la causa que tiene abierta el alto tribunal andaluz contra el juez suspendido Francisco Javier de Urquía, según confirmaron fuentes judiciales.
En relación a estas diligencias previas, el TSJA ya tomó declaración el pasado mes de julio a varias personas tanto en calidad de imputados como a testigos; comparecencias incluidas dentro de la instrucción normal de la causa abierta por los delitos de cohecho y prevaricación.
En enero de este año, el TSJA se declaró competente para instruir este caso contra De Urquía una vez le fue remitida y analizó una exposición razonada por parte del Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga respecto de unas diligencias, en las que dicho juzgado venía investigando al empresario I.M.L., quien presuntamente habría realizado una oferta sobre el levantamiento de intervenciones judiciales a empresas.
Así, el instructor de Málaga indicaba en uno de los autos de la causa, al que tuvo acceso Europa Press, que el ex juez de Marbella y un amigo suyo Arnaud F. "podrían igualmente estar participando del presunto plan ilícito para obtener dinero" a cambio de levantar las medidas cautelares o embargos que pesaban sobre empresas intervenidas dentro del caso 'Hidalgo', contra el blanqueo, cuya instrucción llevó el propio De Urquía.
Según ese documento, dictado en diciembre del pasado año dentro de las diligencias abiertas en Málaga, la propuesta realizada por I.M.L. a un testigo protegido consistiría supuestamente "en garantizarle el levantamiento de intervenciones judiciales" acordadas contra empresas, así como el desbloqueo de cuentas, puesto que tenía pendiente llevar a cabo una operación de venta de un hotel, intervenido en el caso 'Hidalgo'.
El alto tribunal andaluz condenó a Urquía a dos años de prisión y al ex asesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca a un año de prisión por un delito de cohecho al entregar 73.800 euros al juez. A ambos les absuelve del delito de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público del que venían siendo acusados; mientras que el tercer acusado, el francés Arnaud Fabrice, propietario de la discoteca Olivia Valere, fue absuelto de los delitos de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público y de cohecho.
