MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -
El juicio que celebra la Audiencia Nacional contra el exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagès Font y los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas, acusados de adjudicarse planes de pensiones millonarios de forma irregular, entrará mañana en su fase final, han informado fuentes jurídicas.
Todo apunta a que el juez central de lo Penal José María Vázquez Honrubia dictará en los próximos días el visto para sentencia. El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled solicita tres años y medio de prisión para Pagès y tres para Troyano, Abella Rodríguez y Caellas. Considera que los cuatro, junto al fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba, se otorgaron de manera irregular 31,6 millones de euros en planes de pensiones y distintas pólizas, lo que supone un delito societario continuado de administración desleal.
El Ministerio Público asegura que todos ellos actuaron desde 2001 "de común acuerdo para vincular fraudulentamente a la caja de ahorros que regían, generando obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando de espaldas a los máximos órganos colegiados".
Durante la vista oral, que comenzó la pasada semana en la sede de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares los cuatro acusados han defendido que sus gratificaciones por jubilación cumplían con la legalidad y que se contemplaban en los contratos de alta dirección que firmaron con la caja.
Reclama que indemnicen conjunta y solidariamente a la caja de ahorros con 12,6 millones correspondientes a las pólizas cobradas por Pagès y Abella, a los que habría que sumar las retribuciones irregulares fijadas desde 2010 y que se determinarán en sentencia. Pide, además a los herederos de Jorba, a los que considera partícipes a título lucrativo, más de 2,5 millones.
Para el fiscal, Pagès diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse una "desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad" pensada "para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo". Desde 2001, los exdirectivos "se autoconcedieron" derechos económicos a espaldas de los órganos colegiados de la caja a través de pensiones que no estaban contempladas en sus contratos para cuando abandonaran el banco.
Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999 euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros.
CRISIS BANCARIA
Anticorrupción asegura que, en 2009, la "placidez derivada del colchón económico que los acusados se habían autoconcedido se vio perturbada por la crisis económica" y el proceso de reestructuración del sistema financiero español, que dio lugar a restricciones normativas y al endurecimiento de los controles administrativos.
En el caso de Caixa Penedès, a esto se unió que en 2010 la entidad se fusionó a Caja Granada, Caja Murcia y 'Sa Nostra' Caja de Baleares, lo que dio lugar al Banco Mare Nostrum (BMN) que recibió ayudas por un importe 915 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Ante el riesgo de perder los beneficios económicos que se habían adjudicado, "los acusados reaccionaron apresuradamente" y buscaron una cobertura formal con la que justificar sus derechos económicos, incurriendo en nuevas actuaciones abusivas. Así, reunieron a la Comisión de Retribuciones y a la Comisión Ejecutiva, "controladas de hecho por los acusados Pagès y Caellas", y formalizaron la modificación de los contratos de trabajo para blindar sus privilegios.
