GIJÓN, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El macrojuicio de caso 'Pípol', en el que se juzga a una red de tráfico de drogas en la que están involucrados dos de los principales imputados de la trama asturiana de venta de explosivos del 11-M, José Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro Castro, se reanuda mañana, a las 10,30 horas, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, con la declaración de los policías que intervinieron en la operación.
La vista comenzó la semana pasada con el testimonio de los acusados, algunos de los cuales se negaron a declarar y otros lo hicieron sólo ante el fiscal especial Antidroga, José Perals, o sus letrados. De los 20 imputados, sólo 3 reconocieron que vendían estupefacientes a pequeña escala para pagar su adición a las drogas.
En cuanto a los principales acusados, Suárez Trashorras acusó a su mujer y a su cuñado de haberle engañado y negó que el hachís y la dinamita hallados en un garaje de Avilés fueran suyos. Aseguró que era ayudante minero y que en su trabajo no tenía acceso a los explosivos.
Incluso, desmintió que la citada plaza de garaje fuera compartida a tercias entre él, José Ignacio Fernández Díaz 'Nayo' -huido de la Justicia- y su cuñado, como este último mantuvo durante su testimonio.
También negó haber conocido antes de julio de 2001 a uno de los testigos y también imputado por el 11-M, Rafa Zohuier, a quien vio en el locutorio de la prisión de Villabona por primera vez con posterioridad a los hechos juzgados en esta causa. Zohuier, confidente de la Guardia Civil, denunció que Suárez Trashorras vendió los explosivos a la célula islamista que provocó los atentados de Madrid.
Además, el ex minero avilesino negó que hubiera intentado vender explosivos al portero del club Horóscopo de Gijón, Francisco Javier Lavandera Villazón 'Lavandero', otro de los testigos que declarará en este proceso. Según el acusado, cuando lo conoció ya estaba colaborando con la Policía para conseguir que su cuñado saliera de la cárcel. Asimismo, señaló que el "Nayo", con quien aseguró mantener una enemistad, fue "la moneda de cambio" para que dejaran a Toro Castro en libertad por Navidades.
La versión de Trashorras contradice el testimonio de su cuñado. Toro Castro, que reconoció que el hachís hallado en la plaza de garaje era suyo, negó tener conocimiento de la procedencia de la dinamita y los detonadores, además de afirmar que él no tenía las llaves de ese garaje.
Tanto para Suárez Trashorras como para Toro Castro el fiscal pide un total de 17 años de cárcel y una multa de 218.000 euros por tráfico de estupefacientes y tenencia y venta de explosivos.
Asimismo, durante la primera sesión de la vista oral, el magistrado de la Sala, Bernardo Donapetry, se negó a admitir nuevas pruebas documentales, periciales y testificales presentadas por el fiscal, que relacionan a Suárez Trashorras con el tráfico de explosivos.
La nuevas pruebas que pretendía introducir Perals son un informe pericial elaborado por el laboratorio toxicológico en el que aparece información --tres fotografías-- de los cartuchos de dinamita industrial requisada en el caso 'Pípol', además de la declaración de los dos peritos que realizaron ese informe y la de los dos Tedax que remitieron las muestras de la dinamita a la Policía Nacional. El fiscal argumentó que los documentos llegaron con posterioridad a su escrito de calificación.
Donapetry matizó que las pruebas no podían ser admitidas por "improcedentes, extemporáneas, impertinentes e innecesarias". Entre otras cosas, señaló que no se pueden presentar al inicio del juicio oral y que proceden "de otro proceso posterior y que se encuentra en curso", con alusión al 11-M. Además, apuntó que si se admitieran se faltaría al respeto al acusado de ser juzgado por un tribunal "imparcial".
Además de las declaraciones de Lavandero y Zohuier, previstas para el día 8 de noviembre, también testificará un día antes el guardia civil Jesús Campillo, a quien supuestamente el portero del club Horóscopo habría confesado que los dos acusados le intentaron vender dinamita, unos hechos que no fueron investigados.
Por otro lado, el juicio se está desarrollando entre fuertes medidas de seguridad. Los Juzgados de Poniente, tanto el exterior como el interior, están siendo vigilados por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Nadie entra en el edificio judicial sin pasar por el arco de seguridad, ni siquiera los 14 abogados que participan en este proceso.
Asimismo, dadas las dimensiones de la sala, sólo hay 9 sitios reservados para la prensa, a pesar de estar acreditados 25 medios de comunicación y 57 periodistas. Los medios gráficos sólo pueden tomar imágenes los cinco primeros minutos de cada sesión.
Además, sólo hay 20 plazas libres para público. Entre el público, los padres de Suárez Trashorras no faltaron ni un día de las tres vistas celebradas hasta el momento. El macrojuicio, que está siendo grabado en vídeo, está previsto que dure hasta el 30 de noviembre.
