ZARAGOZA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza continuará este martes el juicio civil contra las tres empresas responsables del vuelo 42325 realizado por el avión Yakovlev 42 el 26 de mayo de 2003 desde Afganistán con destino a Zaragoza y que se estrelló en Turquía, con el resultado de 62 militares españoles muertos. Está citado un representante de la empresa Chapman Freeborn.
Este martes deberán comparecer en sede judicial el representante de Chapman Freeborn, Sergio Núñez, que gestionaba todos los vuelos con el Ejército, así como los que fueran miembros del Estado Mayor Conjunto del Ejército (EMACOM) en el momento del accidente, Alfonso Elías Lorenzo Taboada, Juan Luis Ibarreña y Joaquín Yáñez, imputados por la vía penal ante la Audiencia Nacional (AN).
Estos tres últimos fueron responsables de la gestión de los vuelos en el Yakovlev 42 desde el EMACOM. También deberá comparecer mañana el profesional del Ejército de Tierra Gabriel Bayarte, que se encargaba de coordinar los vuelos con Afganistán.
Este juicio civil se celebra después de que, en febrero de 2006 el magistrado Ángel Dolado presidiera una causa sobre el mismo tema que, finalmente, fue anulada. Entonces, la compañía aérea Ucranian Air Mediterranean (Um Air), la aseguradora Chapman Freeborn y la contratista Busin Joint Stock fueron condenadas a pagar 9,8 millones de euros a los demandantes, algunos de los familiares de 61 de los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo.
El representante legal de Chapman Freeborn se ausentó, en 2006, de las sesiones judiciales argumentando que no había sido citado correctamente, ya que en la Unión Europea (UE) hay varias empresas que tienen la misma denominación, aunque no guarden relación unas con otras.
La Audiencia Provincial de Zaragoza dio la razón al recurso presentado por Chapman Freeborn con este argumento, tras lo cual ordenó repetir el juicio.
En esta ocasión, los demandantes son familiares de 60 de los 62 militares fallecidos en el accidente de 2003 y exigen el pago de 60 millones de euros a las tres empresas implicadas en el vuelo. La sesión de este martes tiene lugar después de que el lunes en la primera sesión del nuevo juicio civil, no compareciera, como estaba previsto, el representante de Chapman Freeborn, Russi Batliwala, lo que motivó la indignación de abogados y familiares.
El miércoles, 3 de febrero, deberán comparecer los peritos Orlando Jiménez, piloto privado jubilado, y Ana Paz Martínez, a propuesta de la acusación, así como Claude Gubert, a propuesta de Chapman Freeborn; Ángel Arroyo, propuesto por Ucranian Mediterranean Air y Paul Cristos Arroyo, también propuesto por dicha compañía.
ESTRATEGIA
Durante el juicio que se celebró los días 24 y 25 de febrero de 2006, las acusaciones basaron su estrategia en demostrar que el vuelo tenía carácter civil y que, además, las empresas responsables del vuelo no habían respetado el Convenio de Varsovia de 1929, al que está adherida España y que ha sido actualizado en varias ocasiones.
Los abogados que representaban a las familias afectadas indicaron durante esa vista que el vuelo tenía por objeto devolver a los ilitares a la Base Aérea de Zaragoza, donde tenían su sede las unidades ilitares a las que pertenecen los soldados implicados en el accidente, es decir, que se inició después de que los profesionales hubieran concluido su misión en Afganistán y Kirguizistán, por lo que el vuelo no formaba de operación militar alguna y, por ende, era civiles.
A partir de ahí, siendo civil el vuelo del Yak-42, era de obligado cumplimiento el Convenio de Varsovia, lo que llevó a las acusaciones a argumentar que la cantidad que las empresas demandadas debían pagar podía ser ilimitada.
El Convenio de Varsovia indica, en el apartado 2 de su artículo 3, que si el operador del vuelo no ha entregado a todos y cada uno de los viajeros un billete o similar, la responsabilidad es ilimitada. "Si el porteador admite al viajero sin que le haya expedido un billete de pasaje, no tendrá derecho a prevalerse de las disposiciones de este convenio que excluyan o limiten su responsabilidad", señala literalmente el Convenio de Varsovia.
Este Convenio, cuya redacción inicial data de 1929, fijaba en 125.000 francos franceses la cantidad máxima a pagar por los porteadores que tuvieran que indemnizar a viajeros heridos o familiares de viajeros fallecidos, lo que en 2006 se entendía que era equivalente a 130.000 euros.
Sin embargo, al considerar las acusaciones probado que ninguno de los 62 militares recibió billete alguno antes de embarcar ni durante el vuelo, consideraron, en 2006, que la responsabilidad era ilimitada, como antes se ha indicado, por lo que pidieron una indemnización de 60 millones de euros en total, aproximadamente menos de un millón de euros por familia afectada.
El juez Dolado dio por buena esta argumentación, si bien rebajó la indemnización a pagar por las empresas demandadas, en total, a 9,8 millones de euros.
ACCIDENTE
En la madrugada del 26 de mayo de 2003, el vuelo 43235 Yakovlev 42, que transportaba a 62 militares del Ejército español provenientes de Afganistán, se estrelló contra las montañas que rodean el aeropuerto de Trabzon, cerca de la ciudad turca de Trebisonda. Fallecieron todos los pasajeros, así como los 12 tripulantes.
Según la investigación realizada posteriormente, la tripulación llevaba 23 horas seguidas de servicio y el avión estaba en condiciones que desaconsejaban el vuelo, como los propios militares habían comentado a sus familiares y amigos en España, mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos, días antes. El Gobierno de Noruega había rescindido su contrato con Um Air poco antes, precisamente a causa de las quejas de un mando militar.
El avión partió de la capital de Afganistán, Kabul, el 25 de mayo de 2003, y tomó rumbo a Kirguizistán, en cuya capital, Manás, recogió a un pequeño grupo de soldados españoles, partiendo a continuación hacia Turquía, donde se estrelló.
El accidente dio lugar a una causa civil, como es la que se celebra en Zaragoza, pero también a una causa penal en la Audiencia Nacional (AN), ya que semanas después de celebrarse los funerales y enterramientos de los militares españoles, se hizo público un informe oficial de Turquía según el cual las autopsias se realizaron con demasiada rapidez, de forma incorrecta, de tal forma que los cuerpos que se entregaron a las familias no correspondían con la identidad de la persona que los forenses españoles asignaban a los restos, en varios casos. Tres militares han sido condenados a seis años de prisión por este motivo, meses atrás.
