MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) - El juicio por el 'procés' independentista en Cataluña comienza a celebrarse este martes el Tribunal Supremo, apenas 14 meses después de iniciarse la investigación criminal contra los presuntos responsables de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el referéndum ilegal del 1-O y la fallida Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de 27 octubre de 2017. El inicio de las sesiones arranca con una expectación política y mediática sin precedentes pese a que la jornada, dividida en sesiones de mañana y tarde, se dedicará en exclusiva a que las defensas de los doce exmandatarios independentistas, entre los que se encuentra el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, puedan exponer sus argumentos para intentar, en última instancia, la nulidad de todo el procedimiento judicial -las denominadas cuestiones previas-. Los fiscales adscritos al caso son Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, que previsiblemente se turnarán en la sala de vistas de dos en dos. Mañana asistirán Zaragoza y Moreno. Como representante de los servicios jurídicos del Estado se estrenará en este juicio la nueva jefa de lo Penal de este cuerpo, Rosa María Seoane, asistida por Elena Sáenz Guillén; mientras que por Vox, que ejerce la acusación popular, estarán el secretario de Organización Javier Ortega Smith y Pedro Fernández. Frente a ellos, hasta 17 abogados organizados en hasta ocho equipos diferentes de defensa. El arranque permitirá resolver algunas dudas aún pendientes, como es el lugar que escogerán los doce encausados para sentarse en la Sala, ya que se les dio la oportunidad de eludir el banquillo y situarse junto a sus abogados -aunque la falta de espacio les obligaría a ocupar sillas justo detrás, lo que no ha gustado a las defensas-. Ninguna de ellas ha aclarado que harán finalmente sus defendidos, y cabe la posibilidad de que los acusados de ERC opten por una opción y los vinculados al PdeCAT a otra, evidenciando una ruptura en sus estrategias. Para quien la Fiscalía pide más pena es para Junqueras, (que se enfrenta a 25 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por rebelión agravada por la malversación de fondos públicos), para a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (17 años por rebelión) y para los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (17 años por rebelión), todos ellos en prisión provisional, como los "principales promotores" del desafío soberanista. También se encuentran en prisión preventiva varios exconsejeros del último Ejecutivo de Carles Puigdemont como son los exconsejero del Interior Joaquim Forn, Presidencia Jordi Turull, Exteriores Raül Romeva, Territorio y Sostenibilidad Josep Rull Trabajo Dolors Bassa ( Fiscalía reclama 16 años por rebelión y malversación para todos ellos). Para los consejeros que están fuera de la cárcel -Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila la Fiscalía pide penas de 7 años de cárcel por delitos de malversación y continuado de desobediencia. Respecto a las acusaciones de rebelión -sedición en el caso de la Abogacía del Estado- pivotarán sobre la acreditación o no de la violencia en el desarrollo de los hechos del otoño de 2017, que causaron una crisis política y social sin precedentes y provocaron que el Gobierno suspendiera por primera vez la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Este proceso singular, tanto por los hechos sometidos a examen como por los delitos que se atribuyen a los encausados --entre ellos el de rebelión-- se celebra con la ausencia, por haber huido de la Justicia, del que fuera entonces presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Carles Puigdemont, quien ha establecido su base en Bélgica; y de la secretaria de ERC Marta Rovira, que se esconde en Suiza y está acusada de ser una de las principales estrategas de la hoja de ruta por cuyo cumplimento se sientan en el banquillo tanto el exvicepresidente Oriol Junqueras como los otros once encausados. La Abogacía del Estado rebaja hasta los 12 años su petición de cárcel para Junqueras e igualmente pide menos pena que la Fiscalía para el resto de exmandatarios en el banquillo: con 11 años y medio para los exconsejeros en prisión, 10 para Forcadell y 8 para 'los Jordis', al acusarles tan solo de sedición y malversación. Las penas para los tres exconsejeros en libertad por parte de la Abogacía es de 7 años y medio. Por lo que se refiere a Vox, pide para los miembros del exGovern en prisión 74 años de cárcel (suma a los anteriores delitos el de organización criminal) mientras que para los 'Jordis' y Forcadell pide 62 años. Para los exconsejeros en libertad reclama 24 años de cárcel. La Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado han calculado de manera distinta la cantidad de dinero que presuntamente malversaron los líderes del 'procés', pues mientras para los letrados cifran la cuantía en 1,9 millones de euros, los fiscales opinan que serían alrededor de 2,91 millones. Estas cantidades deberán ser concretadas al final del juicio para que el tribunal pueda estimar, si lo considera oportuno, una multa por una responsabilidad civil. Tras el interrogatorios de los procesados comenzarán a declarar más de 500 testigos solicitados por todas las partes, entre los que destacan ex miembros del Gobierno como el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro de Hacienda Cristobal Montoro; además de exmandatarios catalanes como el expresident Artur Mas, el actual vicepresidente Pere Aragonés, el presidente del Parlament Roger Torrent o la alcaldesa de Barcelona Ada Colau. En total se han acreditado 600 periodistas de 150 medios diferentes, de los que medio centenar son extranjeros, siendo los más numerosos los alemanes y franceses, seguidos de holandeses y suizos, aunque también asistirán periodistas de EE.UU., Rusia y China. El Supremo ha desplegado un importante esfuerzo organizativo de cara al juicio, que se extenderá durante varios meses y para el cual se han reservado, en principio, jornadas de mañana y tarde de martes a jueves. No obstante, si se ve que el calendario previsto no se cumple con dichas sesiones se podrán extender al viernes e incluso al sábado. La intención es que las sesiones concluyan con tiempo suficiente para que los siete magistrados que juzgarán esta causa tengan lista la sentencia como muy tarde para el próximo mes de julio, antes de las vacaciones de verano. Aún está en el aire el asunto de la traducción de las declaraciones, en el caso de que los encausados quieran realizarlas en catalán. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes ya señaló que el Supremo tiene capacidad para realizarla tanto de modo simultáneo como sucesivo si bien la determinación de esta circunstancia corresponde igualmente al tribunal enjuiciador, que aún no la ha cerrado.
