Varios testigos, entre ellos el funcionario cuya declaración dio origen al caso 'Malaya', están citados para mañana
MÁLAGA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz declaró hoy que la comisión de gobierno aprobaba las licencias de obra si venían con informes técnicos favorables, de lo que les informaba el secretario municipal, por lo que incidió en que "no sabía si era el Plan del 86 o el plan del 68" por el que se daba el visto bueno a dichos permisos.
Muñoz declaró hoy en el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga por un delito urbanístico y dijo no recordar detalles de las licencias aprobadas al proyecto básico y al de ejecución a la empresa Artola Inversiones en dos comisiones para una vivienda unifamiliar en suelo rústico, según el PGOU de 1968.
Posteriormente, de acuerdo con un decreto de 1981, el suelo pasó a ser no urbanizable y tras un plan parcial de 1984 quedó configurado como zona educativa y docente de uso público. El juicio continuará mañana varios testigos, entre los que está prevista la declaración del jefe de los servicios jurídicos marbellíes, cuya declaración dio origen del caso 'Malaya', Jorge González.
"No he tenido jamás que ver con el urbanismo", apuntó el ex regidor, quien negó haber recibido un fax del entonces alcalde Jesús Gil para que votaran las licencias según la revisión del PGOU. "Por muchas instrucciones, si un informe era negativo, no se daba la licencia", apuntó Muñoz, que actuó de alcalde accidental en la comisión de julio de 1998 que aprobó el proyecto de ejecución.
Tras la lectura de parte del informe técnico, a petición de una de las defensas, en el que se dice que la licencia "cumple la normativa", Muñoz dijo que "si yo, con un informe técnico favorable, deniego la licencia, se supone que estoy prevaricando". Además, añadió que jamás le informaron de una posible ilegalidad ni de si faltaba o no el informe jurídico y apuntó que no tuvo relación con González.
"HE FIRMADO CONVENIOS HASTA EN EL CAPÓ DEL COCHE".
Cuestionado sobre si hizo algo para revisar la licencia cuando fue alcalde electo, recordó que "yo me senté con la Junta para llegar a un acuerdo sobre el PGOU. Yo sí quería, no con una licencia concreta que ni me acuerdo, sacar a Marbella del impás", aunque negó haber negociado convenios.
"He firmado muchísimos convenios, hasta en el capó del coche, porque me llamaban de Alcaldía y me decían que dónde estaba y venían con los papeles. Pero conocimiento y negociación, no, sólo preguntaba si estaba todo correcto", explicó el ex alcalde marbellí.
En este caso, la Fiscalía acusa a Muñoz y los ex ediles Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe --en paradero desconocido-- y Marisa Alcalá de dos delitos urbanísticos en régimen de continuidad delictiva, pidiendo 20 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación; mientras que para Dolores Zurdo y Pedro Román solicita 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación, al acusarles de un delito, al haber estado sólo en una comisión.
Varios letrados defensores apuntaron que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no suspendió la licencia y que la Fiscalía se opuso en su momento a la paralización de la obra. En este sentido, la letrada de la acusación popular de Los Verdes, Inmaculada Gálvez, explicó a los periodistas que ella solicitó medidas cautelares en tres ocasiones y que el fiscal se opuso en dos, mientras que en la tercera ocasión no se llevó a cabo por rechazo de la jueza.
Asimismo, las defensas plantearon una cuestión prejudicial, que fue rechazada por la jueza, al entender que se debía paralizar este procedimiento penal a la espera de que se dictase la resolución correspondiente en la jurisdicción contencioso-administrativa, que aún no se ha pronunciado sobre la legalidad o no de este permiso.
NADA SOBRE LA LICENCIA.
Los ex ediles dijeron no recordar nada sobre esta licencia y aseguraron que no revisaban los expedientes, pero que entendían que estaban conclusos cuando llegaban a la comisión. También coincidieron en que no tenían conocimiento en urbanismo, en que en las comisiones no se votaba y en que se actuaba con los expedientes de todas las áreas de la misma forma.
Todos, salvo Marisa Alcalá, negaron que hubiera una consigna o acuerdo para que se dieran los permisos según la revisión del plan, en contra de lo declarado en otros juicios, y aseguraron que desconocían de qué PGOU se hablaba en ese momento. "Las primeras denuncias del fiscal eran por quebrantar el de 1986. Ni él sabía que era el del 68. La acusación particular nos seguía acusando por el del 86. Y si todo el mundo desconocía el plan del 68, cómo va a existir para nosotros", se preguntó Calle.
Por otro lado, éste, González y Román dudaron de su presencia en esas dos comisiones y los dos primeros llegaron a plantear una posible ilegalidad de las actas. De hecho, el primero habló de "manipulación premeditada" de estos documentos. Además, señalaron que la comisión no tenía delegadas las competencias de urbanismo.
A este respecto, Román, que sólo estuvo en la primera comisión de febrero de 1998 como alcalde accidental, explicó que tres meses después de su salida del gobierno, en septiembre de 1998, le llamaron del Ayuntamiento para firmar actas de comisiones. "En absoluto, jamás, nunca", esta fue la respuesta del ex primer teniente de alcalde a la pregunta de si estuvo encargado de revisar expedientes y si tuvo alguna relación con el urbanismo.
En el caso de Dolores Zurdo, ésta negó "rotundamente" su asistencia a la comisión de julio y dijo que su acusación se trata de "un error más" de los que, dice, ha venido sufriendo. De hecho, aseguró que "estoy pagando por algo que no he hecho, porque no he estado", en referencia a su condena por el caso Proinsa.
Zurdo reflexionó, preguntada por Gálvez, sobre el gobierno del GIL en Marbella, ya que para ella hubo dos etapas, una primera, hasta 1995, "en la que nos dejábamos la piel y no nos podíamos imaginar lo que nos hemos enterado 12 años después por la operación 'Malaya'".
