VALLADOLID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Castilla y León trasladará al Gobierno de Rodríguez Zapatero su más absoluto rechazo por el contenido del principio de acuerdo alcanzado entre PSOE Y PNV para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que, según las últimas noticias, tendría como objetivo que las normas tributarias de las diputaciones forales vascas solamente puedan ser recurridas ante dicho tribunal.
Aunque se desconoce hasta dónde llega el acuerdo, que se ha producido durante la tramitación parlamentaria del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, su principal efecto sería el blindaje del Concierto Económico sacando las normas fiscales forales del conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa para que únicamente puedan recurrirse ante el Tribunal Constitucional.
Al respecto, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en declaraciones a Europa Press, anunció que la oposición del Ejecutivo castellanoleonés se lo comunicará a Rodríguez Zapatero el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a través de una carta "en la que se advertirá además de las graves repercusiones que dicha reforma tendría para el empresariado de Castilla y León y sus ciudadanos en general, al tiempo que está previsto mantener encuentros con la patronal castellanoleonesa y los sindicatos para poner al corriente de la situación a sus representantes y que puedan expresar también su postura.
Del Olmo denunció que hace meses, cuando se planteó la posibilidad de este acuerdo entre PSOE y PNV, el propio ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, planteó sus reticencias por entender que pudiera tener "difícil encaje constitucional", aunque el posterior cambio de postura del político socialista puede estar motivado, según la titular de Hacienda de Castilla y León, por el hecho de que "se aproxima la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y el Gobierno necesita del apoyo de los nacionalistas vascos".
La responsable de Hacienda incidió en que de salir adelante la reforma planteada las consecuencias serían "muy negativas" para Castilla y León, "ya que cualquier reforma que ahora hagan de la norma foral destinada a bajar los tipos del Impuesto de Sociedades permitiría que una persona que se establezca en el País Vasco pague la mitad de lo que se paga en esta Comunidad", de ahí la dificultad de atraer empresarios cuando a pocos kilómetros cuentan con mejores ventajas fiscales.
La Junta de Castilla y León considera que las enmiendas presentadas por el PNV a la propuesta de reforma plantean dos novedades de suma gravedad: primera, que se puedan recurrir ante el Tribunal Constitucional normas sin rango de Ley como son las normas forales y, segunda, que la resolución de los recursos corresponda a una sala especial de composición mixta con tres magistrados designados por el propio Tribunal Constitucional y otros tres designados por la Asamblea Legislativa Autonómica.
El ejecutivo autonómico entiende que con el acuerdo alcanzado se dota de un nuevo privilegio al País Vasco, equiparando normas no emanadas del poder legislativo a las leyes emanadas de los parlamentos nacional o autonómicos.
AGRAVIO COMPARATIVO
Como consecuencia de ello, quedaría gravemente limitado el derecho de los ciudadanos del resto de las comunidades autónomas, que no podrían ejercer, como hasta ahora, la presentación de recursos a las normas fiscales vascas, quedando gravemente dañados el principio de igualdad y el derecho a la tutela judicial efectiva.
Conviene recordar que la Junta de Castilla y León ha presentado recurso contencioso-administrativo en distintas ocasiones ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la aplicación de determinados beneficios fiscales en el Impuesto de Sociedades por las tres Diputaciones Forales.
El último tuvo como efecto este mismo año la suspensión cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de las normas fiscales decretadas por las tres diputaciones forales por las cuales se aplicaba un tipo reducido del Impuesto de Sociedades.
Además de las consecuencias de índole jurídica que se desprenderían de materializarse el acuerdo para el blindaje del Concierto Vasco, la Junta puso de manifiesto los riesgos de carácter económico que podría conllevar al consolidarse una situación de ventaja fiscal en el País Vasco que puede propiciar la deslocalización de empresas en el resto de las comunidades autónomas, especialmente en las limítrofes.
