MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -
Los ministerios de Justicia y de Educación, Política Social y Deporte están negociando la firma de un convenio con la Consejería de Justicia e Interior del Gobierno Vasco dirigido al cumplimiento en dicha comunidad de penas distintas al internamiento por parte de menores condenados por delitos terroristas.
La aprobación del convenio se encuentra paralizada porque el Departamento de Azkarraga exige que el texto incluya el control por parte de las autoridades autonómicas de las medidas de internamiento en el País Vasco.
Este convenio trata de dar respuesta a situaciones como la creada tras la condena dictada por la Audiencia Nacional el pasado mes de julio contra los menores A.G y A.A., a los que se impusieron 70 horas de trabajos para la comunidad -limpiando pintadas de 'kale borroka'- por patear las flores que cubrían la tumba del dirigente del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez.
9 MENORES A LA ESPERA
Dicha condena sigue sin cumplirse debido a la inexistencia de dicho convenio, informaron a Europa Press fuentes jurídicas, que añadieron que la medida urge porque existen otros nueve menores incursos en procedimientos penales por actos terroristas a los que podrían aplicársele también trabajos para la comunidad. Se trata de evitar que, a la postre, sus delitos queden impunes por falta de medios en la Administración.
Fuentes del Ministerio Justicia señalaron que recientemente se remitió un texto a la Consejería de Justicia Vasca, consensuado con Educación, si bien este Departamento les ha enviado una contrapropuesta en la que se solicita que, además de las penas en beneficio de la comunidad, el convenio trate el tema del control del internamiento.
No obstante, desde Justicia se rechaza hablar de reticencias por parte del Gobierno vasco, sino simplemente de trámite de negociación del acuerdo.
Por su parte, el Juzgado Central de Menores, cuyo titular es José Luis Castro, está empeñado en que los menores que profanaron la tumba de Ordóñez cumplan la sentencia, por lo que, a falta de acuerdo entre las Administraciones, está explorando otras vías de cumplimiento de la pena, como podría ser el desarrollo por parte de los jóvenes de actividades relacionadas con víctimas en algún centro gestionado por ONGs.
Precisamente el pasado 30 de abril el juez celebró una comparecencia con la Fiscalía, la acusación particular y la Fiscalía dirigida a lograr que la pena por la profanación de la tumba, en lo que respecta a los menores condenados, pueda ser cumplida una vez termine el periodo escolar, el próximo 20 de junio. Espera que para esa fecha ya exista convenio y los chavales puedan limpiar pintadas, y en caso contrario se optaría por el cumplimiento en un centro de día.
Para ello, el juez ya ha pedido información sobre las actividades que pueden adaptarse a estos menores en organizaciones Basta Ya, Gesto por la Paz, Cruz Roja o la DYA (asistencia médica en carretera), según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Tras ser informado del obstáculo existente para el cumplimiento efectivo de la pena, y después de haber solicitado formalmente a Justicia que subsane el vacío legal, el juez Castro optó por buscar otras alternativas con el fin de que los trabajos en beneficio de la comunidad con la que fueron condenados los menores no deje de cumplirse.
Para ello solicitó tanto a las trabajadoras sociales adscritas al Juzgado como a personas cercanas a las víctimas de ETA que le propusieran ONGs u otro tipo de organizaciones que aceptaran a menores para realizar este tipo de actividades. Las primeras propusieron a los servicios de Cruz Roja y la DYA en el País Vasco, y desde la segunda clase de consultas se propuso a Basta Ya y Gesto por la Paz.
El Juzgado Central de Menores ya ha ejecutado parte de la condena, puesto que ambos menores han abonado a la familia de Ordóñez los 300 euros a los que cada uno de ellos fueron condenados en concepto de indemnización por los daños cometidos en la tumba.
La condena fue impuesta a mediados del pasado mes de julio. A principios de septiembre de 2007, Castro recibió una carta de la Consejería de Justicia vasca -que tiene transferidas las competencias en esta materia-, alertándole de la imposibilidad de gestionar el cumplimento de la pena de limpieza de fachadas, al no existir un convenio concreto al respecto entre el Ministerio y el Gobierno vasco.
