Perplejidad en la Mesa del Congreso, que recuerda que los procedimientos deben canalizarse a través del Supremo
MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados ha recibido de un Juzgado de Barcelona una demanda contra las Cortes Generales avisando de que, si no contesta en las próximas dos semanas a ese emplazamiento civil, podrá ser declarado en rebeldía procesal, según consta en el escrito recogido por Europa Press.
El emplazamiento judicial tiene su origen en una demanda de juicio ordinario contra las Cortes Generales que una particular interpuso en marzo de 2007 en Barcelona alegando que una ley aprobada por el Parlamento con medidas para la mejora del empleo ocasionó una "clara y evidente" discriminación.
DISCRIMINACIÓN DE DISCAPACITADOS AUTÓNOMOS
En concreto, se señalaba que, entre otras distinciones, aquella ley establecía exenciones del cien por cien a los empleadores de discapacitados y, en cambio, cuando los discapacitados trabajan por cuenta propia (autónomos), la exención se limita al 50 por ciento. El objetivo de la demanda es igualar las ventajas fiscales, sean los discapacitados trabajadores por cuenta ajena o autónomos.
En un primer momento, el Juzgado de Instrucción número 56 de Barcelona no admitió la demanda al entender que las Cortes Generales no tienen "personalidad procesal" como para ser demandadas. Los demandantes recurrieron y, un año después, la Audiencia Provincial les dio la razón y revocó la inadmisión de la acción civil.
En ese contexto, el mismo Juzgado de Barcelona ha decidido trasladar la demanda a las Cortes Generales (Congreso y Senado) emplazando a sus representantes a comparecer en el juicio como parte demandada en el plazo de veinte días hábiles.
20 DÍAS DE PLAZO
La demanda ha llegado al Congreso con una serie de "prevenciones legales". De entrada se avisa de que, si el Parlamento no comparece en la causa en el plazo de veinte días hábiles, por medio de procurador y con asistencia de abogado, será declarado en rebeldía procesal.
El escrito fue examinado esta semana en la Mesa del Congreso, donde fue acogido con "perplejidad", según aseguraron a Europa Press varios de sus integrantes.
El órgano de gobierno de la Cámara Baja, que recuerda que todos los procedimientos judiciales en relación con el Poder Legislativo deben canalizarse a través del Tribunal Supremo, ha encargado al secretario general del Congreso la resolución de este conflicto.
